*Se
tienen programadas revisiones tanto al proceso de licitación, como a la
construcción de las obras.
*$849
Millones de Pesos se le dieron a los"Socios" de Yunes Linares para
que hicieran las ciudades judiciales.
*Con
eso Yunes y Edel endeudaron al Poder Judicial de Veracruz por más de $800
Millones de Pesos por 40 años.
Xalapa, Ver. | 05 marzo de 2018
Tribuna Libre.- El Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (ORFIS), tiene planeadas sendas a la Asociación Público-Privada
Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV., propiedad de los empresarios Francisco y
Javier Ruiz Anitúa (Socios Financiadores de la campaña electoral de Yunes
Linares en 2016), los cuales están relacionados con empresas dedicadas al
lavado de dinero en paraísos fiscales, y a quienes les fueron otorgados
contratos por más de $800 millones de pesos para la construcción de las ciudades
judiciales con las cuales se endeudó por más 40 años al Tribunal del Justicia
del Estado de Veracruz.
La revisión forma parte del calendario de
auditorías de la revisión de la Cuenta Pública del 2018, que debe iniciar a más
tardar el 1 de mayo, que se debe aprobar a más tardar el 31 de octubre de este
año, como parte de la fiscalización superior de los poderes públicos y los
órganos autónomos.
A la fecha el Órgano de Fiscalización tiene
reportada la conclusión de tan sólo 3, de las 12 ciudades judiciales que fueron
concesionadas a la desarrolladora de la familia Ruíz que se creó en el mes de
mayo del año 2018.
La empresa está integrada por las firmas
Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio
Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales
S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora
de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de
C.V.
El Auditor General del Estado, Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez confirmó que se tienen programadas las revisiones
tanto al proceso de licitación, como a la construcción de las obras.
“En el caso de las ciudades judiciales,
nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, ya tenemos datos y
documentación que nos dio el Tribunal de Justicia. Estamos trabajando en él y
va a ser una auditoría de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una
muestra representativa”, explicó el Auditor.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de
Fiscalización del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, serán
presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día 30 de
abril.
La auditoría comprende la evaluación de los
principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de
su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política,
programa, actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya
ejecución o aplicación es concurrente con el Ente Fiscalizable.
La auditoría de legalidad, es aquella que
tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos
administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado,
relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron
o ejecutaron conforme al principio de legalidad.
La familia Ruiz Anitúa, recibió de modo
directo 12 contratos de obra por parte del Poder Judicial de Veracruz, para la
construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por un monto de
$849 millones de pesos.
A los hermanos Ruiz Anitúa(Francisco José y
Javier Antonio), los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de
Panamá; también se les relaciona a empresas fantasma que desviaron millones de
pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto
Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.
En 2018 los empresarios formalizaron la
Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra
seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la
edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez
Peña y por instrucciones directas de Miguel Ángel Yunes Linares.
La concesión de las ciudades fue de irregular
de principio a fin, y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Edel Álvarez. Quién licitó la construcción de 20
inmuebles, cuando el Congreso local sólo autorizó la edificación, a través de
la figura de la asociación público-privada, para 17 distritos judiciales.
A la fecha, según el Registro Único de Deuda
Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora
CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la
infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad
mercantil, proyectaba la cimentación de tan sólo 5.
Los contratos, la autorización y el número de
obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la
sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.
Datos del Registro Público de Comercio
establece que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó
el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta
Manjarrez.
El documento consultado detalla que
Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración
integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón
García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos,
Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno
como vocales.
