Héctor Yunes Landa | 02
marzo de 2015
Tribuna Libre.- El pasado jueves, el Senado de la República turnó a Comisiones Unidas de
Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos
Segunda, la minuta en materia de combate a la corrupción aprobada en la Cámara
de Diputados ese mismo día.
Esta minuta
representa un gran avance para combatir la corrupción, flagelo de todo país, al
articular las distintas instituciones del Estado mexicano a través de la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción y dar cauce institucional para
mejorar el desempeño de la administración gubernamental al tener la capacidad
de medir y evaluar el desempeño del servidor público atendiendo principios de
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
La prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, se
coordinarán entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
Asimismo, se
otorgan mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que
audite recursos federales, durante el ejercicio fiscal “en tiempo real”, que se
destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, no sólo públicos
sino también privados, con el objeto de investigar y sancionar de manera
oportuna posibles actos irregulares y no como en este momento que es posterior
a la conclusión del ejercicio fiscal.
Adicionalmente,
para fortalecer el proceso de revisión de la Cuenta Pública, se amplían los
plazos para la realización de auditorías con un nuevo procedimiento para la
presentación oportuna de sus resultados. En este orden de ideas, se prevén tres
fechas para la entrega de informes individuales de auditoría: el último día
hábil de junio y de octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la
presentación de la Cuenta Pública.
Por otra parte, se
agrega la facultad para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos
provenientes de deuda pública, cuando las entidades federativas y municipios
contraten deuda que esté garantizada por la Federación.
La Auditoria
Superior de la Federación investigará las irregularidades que detecte en la
Cuenta Pública, en el ejercicio fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y
promoverá el financiamiento de responsabilidades ante el nuevo Tribunal Federal
de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General de la República; no limitándose sus
investigaciones por secretos fiscales ni de ningún otro tipo.
El nuevo Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, conservará la competencia actual en las
materias fiscal y administrativa, y se le adiciona la nueva
competencia en materia de imposición de sanciones por responsabilidades
administrativas graves a los servidores públicos de la Federación y, en los
casos previstos en la Constitución, a los servidores públicos de los estados,
municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, así como a los
particulares involucrados en faltas administrativas graves.
La minuta en
materia de combate a la corrupción también introduce una distinción entre las
responsabilidades administrativas graves y las no graves; así como la
responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con
faltas administrativas graves, contemplándose sanciones económicas,
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
Además, los
servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir
verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes
y en los términos que determinen las leyes aplicables.
La ciudadanía está
harta del abuso y la corrupción, de ahí que insistamos en que estas acciones se
desvanecerán con la justa aplicación de la ley. Por eso somos participes de que
su aplicación además de justa, sea firme, sea rigurosa y particularmente
ejemplar. Si bien la corrupción lástima, más agravia la impunidad.
Con este Sistema
Nacional Anticorrupción se da un paso fundamental para fortalecer la
integridad y el comportamiento público de los funcionarios, ya que estarán
sometidos a un manicure permanente que cercenará el aborrecible
crecimiento de las “uñas” que tanto ha lastimado las arcas públicas.