*Juez
federal ¿corrupto? advierte investigación deficiente de FGR; detenidos podrían
seguir sus demás juicios en penales de Veracruz.
Tribuna Libre.- Francisco Navarrete Serna, presunto líder de
un grupo delincuencial en Tierra Blanca, Veracruz y otras 20 personas fueron
exoneradas por el delito de delincuencia organizada, relacionado con la
desaparición forzada y asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente.
Se trata de ocho expolicías estatales -entre
ellos el exsubdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández- y 13 civiles
relacionados con un grupo criminal -incluido Navarrete Serna- acusados de haber
privado de la libertad a cinco jóvenes el 11 de enero de 2016 y posteriormente
asesinarlos y calcinarlos en el rancho denominado El Limón, en el municipio de
Tlalixcoyan.
Los 21 detenidos quedaron absueltos de
delitos federales y podrían solicitar su salida del penal de máxima seguridad
en Gómez Palacio, Durango, y que sean reinstalados en alguna cárcel de Veracruz
para seguir sus procesos del fuero local por desaparición forzada y homicidio
doloso.
Por estos crímenes, el pasado 04 de marzo el
Gobierno de Veracruz ofreció una disculpa pública y reconoció la
responsabilidad de sus elementos policiales. En ese evento el subsecretario de
Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con
los deudos a acompañar las investigaciones federales contra los 21 imputados.
“Nos comprometemos, con pleno respeto a la
autonomía de la Fiscalía General de la República, a acompañar las
investigaciones federales que se encuentren pendientes: tanto las relacionadas
con la delincuencia organizada como aquellas por violación a la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad”, dijo el representante del gobierno federal. Pero solo 5
días después todos fueron librados por un juez.
A Francisco Navarrete, alias “El Primo”, un
juez federal le concedió el amparo 11/2018, mismo que fue confirmado por un
tribunal de alzada, tras argumentar una investigación deficiente de elementos
de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes duplicaron declaraciones
(pruebas) en los juicios por delincuencia organizada y desaparición forzada, en
vez de haber usado elementos independientes en cada uno de los procesos
judiciales, el primero del fuero federal y el segundo del fuero local.
Para el abogado de las cinco familias,
Celestino Espinoza Rivera, dicha resolución se valió de un criterio de la
Corte, que fue sostenido por el juez de distrito y confirmado por magistrados y
ya no hay forma de atacarlo por tratarse de la resolución de un recurso.
“La Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no investigó más allá de lo
que se había investigado por desaparición forzada. El proceso local únicamente
se enfocó a la conducta de los detenidos con la desaparición y el homicidio de
los jóvenes. La investigación por delincuencia organizada tenía que ir más
allá, enfocada a la pertenencia de los detenidos al grupo delincuencial, a que
ellos se dedicaban a realizar varios secuestros en la zona de Tierra Blanca, a
conseguir más testimonios y exponer todo lo hallado en el rancho El Limón, como
indicios de robo de combustible y robo de autotransporte de carreteras
federales”, explicó el jurista a E-Consulta Veracruz.
En tanto, el resto de los implicados (20)
fueron exonerados por el juez cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, José
Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien se apoyó en la resolución favorable de
Francisco Navarrete y concluyó a favor de los detenidos, mediante un incidente
de desvanecimiento de datos.
“Derivado del amparo concedido a Francisco
Navarrete, el juez de distrito resolvió un incidente del desvanecimiento de los
datos que presentaron los demás imputados. El juez utilizó el mismo criterio
indebidamente que se le aplicó a Navarrete. ¿Por qué hablamos de indebidamente?
porque el amparo surtía efectos solamente para él. Al resto de los imputados
incluso ya se les había vencido el plazo para impugnar de la misma forma, sin
embargo, se excede en el uso de una figura procesal como lo es el
desvanecimiento de datos para transmutarla en un recurso extraordinario que
echa abajo un auto de formal prisión firme”, agregó Espinoza Rivera.
Este 12 de marzo, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, informó en conferencia que dará
seguimiento a casos en que jueces ‘a modo’ conceden la libertad a presuntos
criminales. Para ello, dijo, hablará con ministros y el presidente de la
Suprema Corte y con la Fiscalía General de la República.
“Lo
que sucede en algunos juzgados del Poder Judicial, es que se detienen a
presuntos delincuentes y tardan tres días, cinco días y quedan libres. Y el
argumento o la excusa es que no están bien integradas las averiguaciones, que
no se cumplió con el debido proceso (…) Y -los presuntos delincuentes- salen
hasta riéndose, burlándose de la autoridad.
Este asunto lo vamos a tratar,
transparentándolo (…) Y lo vamos a dar a conocer para que los ciudadanos sepan
del comportamiento de los servidores públicos. De esta manera vamos limpiando,
si no todo queda en el anonimato", sostuvo.
Declaraciones desechadas por el juez,
advierten protección de SEMAR a delincuencia organizada.
E-Consulta Veracruz tuvo acceso a las
declaraciones de dos detenidos por el caso Tierra Blanca. Ellos advirtieron que
Francisco Navarrete Serna era el líder de una célula delictiva en Tierra Blanca
y que cometió diversos delitos de alto impacto con la protección de elementos
de la Secretaría de Marina (Semar).
“…Que era “EL NAVARRETE” quien era el conecte
con la gente de la Secretaría de Marina, para que nos brindaran protección,”
declaró Luis Delfino Alcaraz López, presunto integrante de un grupo
delincuencia.
“…Cuando le dije a los policías que era gente
del Conde (Marcos Conde Hernández), me preguntaron: “que como me identificaba”
a lo que yo les dije “El Charro”, y el poli me pregunto que, si era “El Charro”
del primo, refiriéndose a NAVARRETE, porque así le decían algunos “Primo”. A
este NAVARRETE solo lo conozco de vista por dos veces que fue a la tienda del
OXO (lugar destinado al almacenamiento de objetos robados en el rancho El
Limón), cuando platicaba con el jefe o patrón (Marcos Conde), pero no se dé que
hablaban, pero al parecer NAVARRETE era de la Marina y era quien nos daba
protección a toda nuestra gente que estaba operando en la zona, ya que nos
habían dicho que si nos paraba la Marina, le habláramos en mi caso “al Chango” y
él se encarga de hablarle de avisarle a “al patrón”, y este se ponía en
contacto con NAVARRETE, y ya este hablaba para que nos dejaran ir y no nos
agarraran, este NAVARRETE…” declaró Ismael López Mendoza, otro presunto
criminal.
Estas declaraciones fueron algunas que los
elementos de la FGR duplicaron en los procesos por desaparición forzada y
delincuencia organizada y que el tribunal de alzada desechó apoyado en las
controversias de la SCJN.
“De igual forma, este Tribunal de amparo
observa que la autoridad responsable ordenadora refirió que del contenido de
esas documentales se obtienen datos e indicios, los cuales demuestran en lo de
interés, que probablemente desde septiembre de dos mil quince, el quejoso
-Francisco Navarrete- era integrante de un grupo criminal, mismo que fue
organizado para llevar a cabo de manera permanente el ilícito de secuestro, y
operaba en Tierra Blanca, Veracruz, bajo la dirección del amparista, así como
que éste era encargado de brindar protección a dicho conglomerado delictivo,
respecto de los actos que la Marina efectuaba”, se lee en el juicio de amparo
11/2018.
Para Bernardo Benítez Herrera, padre de uno
de los cinco jóvenes de Playa Vicente, el amparo concedido a Francisco
Navarrete ventila una protección en su favor por estar relacionado con la
SEMAR. “Quizá el juez está queriendo proteger a la Marina porque se trataría de
un escándalo nacional, pero eso a nosotros qué, si las declaraciones ahí están,
las pruebas ahí están. No entiendo la determinación del juez para librarlo por
desaparición forzada”, dijo en entrevista.
El padre agregó “Hoy lo explicaba muy bien el
presidente de que por cualquier cosa los jueces dejan libres a criminales. A
nivel nacional todos saben cómo estuvo nuestro caso y ahora resulta que los
exoneran por delincuencia organizada. Yo no sé si el juez hubiese hecho lo
mismo si uno de sus hijos hubiera estado involucrado”.
Benítez Herrera explicó que espera reunirse
con Alejandro Encinas Rodríguez, así como con el Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero. “Si no ponen atención en estos casos al rato
les va a explotar el país, porque hay miles de familias como nosotros. Que
recuerden que está de por medio su palabra que dieron en la disculpa pública”,
concluyó.
(e-consulta)