*Este
04 de marzo autoridades ofrecerán disculpa pública por la desaparición forzada
de 5 jóvenes de Playa Vicente.
Xalapa, Ver. | 04 marzo de 2018
Tribuna Libre.- El 18 de enero de 2016, cuando apenas habían
transcurrido ocho días desde la desaparición forzada de cinco jóvenes
originarios de Playa Vicente, la Fiscalía de Veracruz intentó sellar el caso
con la fabricación de una escena, al presentar a las familias afectadas restos
de perro disueltos en ácido y objetos personales de las víctimas, que nunca
explicaron cómo fueron obtenidos.
Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal
general, preso por desaparición forzada de personas, notificó a las cinco
familias en una reunión a puerta cerrada sobre el hallazgo de esos indicios en
un predio ubicado entre Medellín y Huixcolotla, comunidades pertenecientes a
Tierra Blanca, municipio donde policías estatales detuvieron arbitrariamente a
los jóvenes el 11 de enero de ese año.
A las familias les presentaron objetos
personales de tres desaparecidos que, según Bravo Contreras, se encontraron
sobre la batea de una camioneta Chevrolet color blanco, donde además habían
abandonado restos presuntamente humanos disueltos en tambos de metal.
Los indicios fueron: un reloj metálico color
blanco marca Guess y unas gafas negras, propiedad de José Benítez de la O, un
escapulario de metal de José Alfredo González Díaz y un rosario de oro que
perteneció en vida a Bernardo Benítez Arroniz.
Aquella ocasión, revela José Benítez Herrera,
las cinco familias contuvieron el llanto y decidieron -como parte de una estrategia- negar ante
medios de comunicación que los objetos eran de sus hijos, y pidieron que los
restos disueltos en ácido fueran sometidos a exámenes clínicos. La conclusión
terminaría por ser reveladora.
“Nosotros reconocimos que todas esas cosas
eran de nuestros hijos, pero la desconfianza a las autoridades ya era mucha y
acordamos negar que eso pertenecía a los muchachos. Queríamos saber la verdad”,
refiere en entrevista José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O.
Tras la presión mediática de los padres, la
Fiscalía de Veracruz reconoció en un comunicado el mismo 18 de enero que los
restos abandonados en tambos no pertenecían a los cinco jóvenes veracruzanos,
si no a perros. El trabajo pericial de la Fiscalía fue calificado en medios
nacionales como una “pifia” y el caso siguió abierto y fue abordado por
autoridades federales.
“¿Cómo madres la Fiscalía obtuvo las prendas
de mi hijo y de los otros dos muchachos? es una pregunta que me he hecho tres
años y que daría lo que fuera por hacérsela a Luis Ángel Bravo Contreras” dice
José, con la respiración disparada.
La aparente fabricación de la muerte de los
cinco jóvenes avivó una resistencia desenfrenada de los padres, quienes tomaron
las instalaciones del ministerio público de Tierra Blanca y allí acamparon
durante 100 días hasta que obtuvieron una verdad que abollaría la ya desgastada
administración del gobernador priista, Javier Duarte, hoy sentenciado por
lavado dinero y asociación delictuosa.
El 01 de marzo de 2016, cuando las
investigaciones ya estaban a cargo de la Federación, Roberto Campa Cifrián, ex
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló una
versión oficial del caso Tierra Blanca que desacreditó el trabajo de la
Fiscalía sobre el hallazgo de restos disueltos en ácido en el predio ubicado
entre Medellín y Huixcolotla.
Los cinco jóvenes: Susana Tapia Garibo, Mario
Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y
Bernardo Benítez Arroniz, dijo Campa, fueron torturados y asesinados en el
rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, a unos 90 kilómetros del lugar
donde la Fiscalía construyó la escena con los huesos de perros y las
pertenencias de las víctimas.
La resistencia de 5 familias que llevó a la
verdad del caso Tierra Blanca
El 11 enero de 2016, Susana, José, Bernardo,
José Alfredo y Mario Arturo regresaban de pasar un fin de semana en el puerto
de Veracruz cuando fueron detenidos de manera ilegal por policías estatales en
Tierra Blanca, en la zona conocida como la Cuenca del Papaloapan.
Las autoridades estatales no daban crédito de
lo que se ventilaba como un crimen de lesa humanidad. Ello, aunque el entonces
gobernador, Javier Duarte y el fiscal general, Luis Ángel Bravo fueron
informados de lo sucedido desde el primer día de los hechos, así como de la
gravedad del caso.
Los familiares de Playa Vicente informaron a
este medio que a unas horas de la desaparición forzada, Javier Duarte fue
enterado por una amistad que ellos tienen en común con el exmandatario. Se
trata de Gabriel “N” originario de Tuxtepec, dueño de caballos de carrera que
compiten en el Hipódromo de Las Américas.
Asimismo, Bravo Contreras se comprometió a
investigar ese caso luego de haber recibido una llamada telefónica de Cristina
“N”, familiar del ex fiscal general que radicaba en Playa Vicente y es madrina
de Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez Arroniz.
Sin embargo, la reacción de las autoridades
veracruzanas no llegó hasta que la detención arbitraria de los jóvenes se hizo
pública en noticieros, mediante videograbaciones que capturaron el momento
exacto del ilícito, prueba que fue
conseguida por los padres.
“¿Cómo conseguimos esos videos? Pues
hincándonos a los comerciantes de la zona. Nadie quería hablar ni ayudarnos
porque todos tenían miedo”, recuerda José Benítez.
Tras meses de investigación a cargo de
autoridades federales fueron detenidos ocho expolicías estatales, entre ellos
el subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quienes permanecen
recluidos en el penal de Gómez Palacio Durango. También fueron capturados 13
civiles que confesaron pertenecer a una célula de la delincuencia organizada.
Ninguno ha sido sentenciado.
