Sexenio de ocultar: la TV apenas tocó (o ignoró) “casa blanca”, los gobers, el despido de Aristegui


Ciudad de México. | 09 julio de 2018 
Tribuna Libre.-  En México, las movilizaciones del #YoSoy132 giraron en torno de la democratización de los medios de comunicación: fue esa su primera consigna formal. Luego de que el 11 de mayo de 2012 diversos medios publicaron que la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana había sido un éxito, las opciones digitales alzaron la mano con la información: la realidad fue que el entonces candidato del PRI a la Presidencia había sido blanco del rechazo estudiantil y despedido de la Ibero con gritos que pedían, entre otras cosas, justicia para Atenco.

Luego de ese capítulo se desplegó toda una campaña en las redes sociales, y también en marcha y manifestaciones en las calles, en contra de Televisa y Tv Azteca que fueron señaladas como partidarias de Peña Nieto y el PRI; incluso se organizó una toma simbólica de la televisora en Chapultepec durante un día.

Con el regreso del PRI a Los Pinos vino también una época complicada para ambas televisoras que se vio traducida en sus estados financieros e hizo evidente una ruptura la relación entre las televisoras y la audiencia, debido a sus preferencias políticas y su falta de objetividad y parcialidad en la información.

Justo en 2012, cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia de la República, iniciaron los señalamientos directos de inconformidad contra las coberturas periodísticas de los grandes medios de comunicación del país: radio, impresos y, particularmente, televisivos, sector en el que no había muchas opciones para tomar pues Televisa y Tv Azteca poseían el  96.5 por ciento del mercado de la televisión abierta.

A cinco meses de terminar la administración del mexiquense Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, recibe la atención de los medios comunicación preferidos del actual Gobierno federal, una que no tuvo en su primera elección presidencial, en 2006, ni tampoco 2012, pues hasta antes del proceso electoral 2018 sólo había recibido ataques y guerra sucia por parte de los que ahora parecen brindarle la mano por su triunfo.

Ante la ausencia de esa cobertura tradicional y cercano al poder que detentan aún los priistas, López Obrador –quien será el Presidente más votado de la historia de México con 30 millones 47 mil 700 sufragios, que representan 53.17 por ciento de las preferencias–, generó contenido exclusivamente para promover su imagen a través de redes sociales y se coronó como el preferido, con lo que logró hacer un gran contrapeso a esos medios.

Durante estos seis años, la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión intentó restar el poder a ese reinado. Se licitó una nueva cadena de televisión nacional, salieron otros canales y hay varias legislaciones que podrían obligar a ambas televisoras, pero apenas alcanza.

Aunque eso apenas va, tanto Televisa como Tv Azteca enfrentaron en 2013 el inicio de crisis financiera. Los números comenzaron a bajar, a veces se recuperaban, pero la tendencia general fue a la baja.

Los constantes cambios en sus barras de entretenimiento e informativas mostraron que ambas empresas estaban en proceso de dar un salto en el contenido ofrecido durante años para poder atrapar a quien ya veía en el Internet su nueva televisión, con sus nuevas ofertas de entretenimiento y de información.

Durante la actual administración, fue en Internet o los medios extranjeros quienes publicaron los hechos que marcaron a Peña Nieto y su equipo. Se contó también con alianzas con otros medios radiofónicos e impresos, pero sí hubo un sesgo de las coberturas en televisión.

Estos son 10 casos:

1. LA CASA BLANCA

Una investigación realizada en noviembre de 2014 por el sitio Aristegui Noticias, evidenció la relación entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa. Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán informaron sobre una casa en la calle Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

La residencia –con un valor aproximado de 86 millones de pesos– es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa del empresario Armando Hinojosa Cantú, pero que la Primera Dama Angélica Rivera se encontraba en proceso de adquirir.

Grupo Higa es una empresa que ha sido beneficiada por el Gobierno federal con contratos millonarios, incluso una de las licitaciones más controversiales, la del tren México-Querétaro, se canceló días antes de que se diera a conocer el escándalo.  Sin embargo, casi un año después, el Secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, aseguró que el tema es un caso “legalmente cerrado” por la administración federal.

La mención que se hizo en televisión fue para presentar el video que la Primera Dama presentó a modo de réplica, pero que en nada detuvo la percepción de corrupción que rodea al Presidente Peña Nieto hasta la fecha.

2. ODEBRECHT

En 2016, se hizo pública la red de corrupción que desplegó la empresa Odebrecht en 12 países, de América y África. A lo largo de ese periodo, cada uno de los países inició investigaciones al respecto que han derivado en la detención de funcionarios de altas cúpulas, en incautación de dinero, multas, allanamientos de oficinas públicas y privadas, en investigaciones a ex funcionarios y hasta a una Primera Dama.

Sólo dos países no entraron a esa tendencia: México y Venezuela, donde los casos alcanzaron las campañas electorales de los dos presidentes.

Son cinco los funcionarios implicados en el caso, pero hasta el momento, por otras declaraciones emitidas en Brasil, sólo ha surgido el nombre de Emilio Lozoya Austin. De acuerdo con las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió 4 millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.

3. EL DESPIDO DE CARMEN ARISTEGUI

Luego de la publicación del reportaje de la Casa Blanca, MVS Noticias –empresa de medios, propiedad de Joaquín Vargas–  dio por terminada su relación con la periodista Carmen Aristegui, que era hasta entonces titular de su noticiero matutino.

El ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, dijo inmediatamente después, en Twitter: “Es una noche triste para el periodismo y la libertad de expresión. Por más que convocamos al diálogo, imperó la cerrazón”.

Agregó: “Como ombudsman de MVS veo con preocupación y molestia que las miles de peticiones de los radioescuchas no fueron escuchadas ni atendidas. Las condiciones impuestas a la periodista eran simplemente inaceptables por dignidad profesional y por cambio unilateral a su contrato”.

Tres años después, Magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil resolvieron por unanimidad que la terminación del contrato entre la empresa MVS y la periodista Carmen Aristegui fue ilegal e indebida, ya que no se dio ninguna razón válida para concretar su despido.

. #LEYCHAYOTE

El 15 de noviembre de 2017, con cuatro votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a la organización Artículo 19 con el que se aceptó una omisión legislativa que impedía regular la publicidad oficial.

El Congreso de la Unión quedó exhibido por no expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, que regula el gasto en materia de comunicación social, razón por la que durante la administración de Peña, el dinero en medios se dio violando incluso los topes presupuestales y concentrándolos en la televisión, concretamente en Televisa y Tv Azteca.

Meses después, en abril de este año, el PRI y sus partidos –Verde y Nueva Alianza– se impusieron para aprobar un documento que en nada atiende lo estipulado por la Corte.

Un grupo de Senadores interpuso el mes pasado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley también conocida como #LeyChayote, lo que abre camino a un nuevo procedimiento en que la Corte señale que en el Congreso no se ha cumplido con el fallo inicial.

5. EX GOBERNADORES

La televisión llegó tarde a los actos de los exgobernadores priistas. En 2017, el país estuvo ante la generación de gobernadores más corrupta de la historia, la mayoría de ellos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos estaban prófugos o impunes.

Estaban el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, recién detenido en Italia; del ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, apresado en Estados Unidos, y del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, aprehendido en España en enero de 2016. Otros aún estaban en funciones, pero muchos de ellos eran las promesas del nuevo PRI: Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz; Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Jorge Herrera Caldera, de Durango; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila.

Las acusaciones variaban entre corrupción, enriquecimiento ilícito, nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y otros.

6. TLATLAYA

A mediados de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que en un enfrentamiento había abatido a 22 presuntos delincuentes en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Semanas después fue saliendo evidencia –revelada por medios extranjeros– que los militares dispararon a sangre fría contra los jóvenes, algunos incluso menores de edad.

De acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de junio, hace dos años, fueron ejecutados de forma arbitraria por elementos del Ejército entre 12 y 15 personas en la comunidad San Pedro Limón.

Pese a que presuntos responsables estuvieron sometidos a procesos de justicia en el ámbito civil y militar, hasta el momento todos los militares del 102 Batallón de Infantería implicados se encuentran libres.

La versión oficial de la Sedena afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos.

7. OHL

Una serie de audios revelaron el negocio que desde el Estado de México, el equipo de Enrique Peña Nieto tenía con la empresa española Obrascón Huarte Laín (OHL).

Durante 15 años, OHL ha sido beneficiada por grandes contratos. Los proyectos que tiene actualmente en el país le otorgan anualmente el 15 por ciento de sus ganancias a nivel mundial (524 millones de euros) e incluyen seis autopistas de peaje, ubicadas en las zonas urbanas con mayor tráfico de vehículos –Distrito Federal, Estado de México y Puebla– que representan el 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y pese a que Gerardo Ruiz Esparza (SCT), Emilio Lozoya Austin (Pemex) y Enrique Ochoa Reza (CFE), así como el Gobernador Eruviel Ávila han sido involucrados, no ha habido sanciones por el caso.

Hubo auditorías pero no se logró demostrar algún hecho ilícito.

8. HERMANOS MOREIRA

Las acusaciones de vínculos con el narcotráfico persiguen a los dos hermanos de la familia Moreira desde hace años. Humberto y Rubén Moreira fueron señalados por un estudio de la Universidad de Texas que asegura que el control de Los Zetas en Coahuila durante sus administraciones se extendió hasta los jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios, sectores de la Policía federal y del Ejército mexicano.

En el informe realizado por Sarah Gohary y Moravia de la O, estudiantes de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, diversos testigos detallan que los hermanos Moreira recibieron grandes sumas de dinero durante sus administraciones. Humberto, según los testigos, recibió diversos sobornos por miembros de Los Zetas a través de Vicente Chaires, su secretario personal y del Procurador Jesús Torres Charles.

9. EL ESPIONAJE

Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas han sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas, reveló el informe “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos”.

De acuerdo con el documento, entre enero de 2015 y julio de 2016 se registró una serie de ataques contra periodistas y activistas mexicanos través del malware “Pegasus”. A estos se suman los 12 intentos registrados en contra de científicos y activistas de la Alianza por la Salud Alimentaria.

El informe fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social TIC, con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.

Cada infección exitosa habría costado un alrededor de 77 mil dólares.

10. CAMBIO METOGOLÓGICO DE INEGI

En 2016, el INEGI decidió, de manera unilateral y sin informar previamente, la nueva forma en que se captarían los ingresos de los más pobres.

En su publicación del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, documento a partir del cual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicaría en las siguientes dos semanas los resultados de pobreza nacional y estatal, el INEGI realizó un cambio en las variables de medición.

El Instituto recalcó que el Módulo mantenía el diseño conceptual y estadístico de siempre, pero con “acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo que hace que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios estadísticos previos”.

Aunado a ello, se encontró que esos cambios fueron más evidentes en los números de la población más pobre del país, ya que según el Inegi, en el último año, los ingresos de éstos aumentaron 33.6 por ciento y que la captación del ingreso de los hogares en México ascendió a un billón 524 mil 262.5 millones de pesos, pero aclaró que la información disponible no era comparable con los módulos de condiciones socioeconómicas previos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

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