Aquiles Córdova Morán | 15
agosto de 2014
Tribuna Libre.- En
mi artículo de la semana pasada referí la paliza que policías de Baja
California propinaron a un grupo de antorchistas de la ciudad de Mexicali,
capital del estado, el día 24 de julio de los corrientes, por haberse acercado
en masa al edificio donde despacha José Rafael Díaz Ochoa, presidente municipal
de la capital bajacaliforniana, con propósito de hacerle saber directamente la
total falta de soluciones a algunas de las necesidades básicas que le fueron
planteadas, a él y a su ayuntamiento, con toda oportunidad. El día escogido por
los antorchistas para su movilización fue el mismo que el propio presidente
municipal ha publicitado como de “audiencia pública”, encabezada personalmente
por él, para escuchar y conocer de viva voz los problemas, carencias, quejas y
demandas de sus gobernados, darles respuesta inmediata si ello es posible, o
canalizarlos a las áreas de gobierno correspondientes para su debida atención.
Pero,
como dije la semana pasada, los antorchistas hallaron algo muy distinto de lo
que buscaban: en vez de atención y soluciones, una paliza policiaca, obviamente
ordenada por la misma persona a quien acudían en demanda de comprensión y
justicia. El saldo: varios lesionados (sin excluir ancianos, mujeres y niños),
muchas madres con sus pequeños hijos víctimas de una crisis nerviosa, y cinco
dirigentes detenidos, entre ellos, Dióscoro Gómez Vázquez y el profesor Alfonso
de Jesús Villagrán, ambos miembros del Comité Estatal. Los cargos: ultrajes a
la autoridad (?) lesiones y lesiones agravadas (??).
Repito
que los detenidos fueron golpeados, torturados psicológicamente y amenazados de
varios modos y finalmente, gracias a la oportuna y eficaz defensa de su abogado
y a la fraterna solidaridad de sus compañeros, fueron puestos en libertad
condicional, es decir, sujetos a proceso que deberán seguir fuera de la cárcel.
Así estaban las cosas cuando, el día 4 de agosto y sin motivo aparente,
aparecieron en la prensa local declaraciones del subprocurador de justicia para
la zona de Mexicali, Fernando Ramírez Amador, en las cuales reiteró los cargos
en contra de los antorchistas ya excarcelados en tono afirmativo, acusatorio y
no presuntivo, como debería ser; “informó” que los “antorchistas” se hallaban
libres pero “vinculados a proceso por tres meses” y que, mientras tanto, “se
tomó la medida cautelar” de citarlos a firmar semanariamente en el área donde
se halla radicado su expediente.
Se
le olvidó decir al señor subprocurador que también se “tomó la medida cautelar”
de prohibirles terminantemente acercarse
al palacio municipal por todo el tiempo que dure el proceso, so pena de
volver a ser encarcelados automáticamente, quizá porque está consciente de que
esto es una arbitrariedad pura y simple, un brutal abuso de poder que no se
sustenta en mandamiento legal alguno y que es, por tanto, un delito cometido
por la autoridad.
Sobre
la base de todo esto, concluí que el momento, el tono y la gratuidad aparente
de las declaraciones del subprocurador Fernando Ramírez Amador, no podían
leerse sino como una amenaza, como una reiteración de la decisión del gobierno
de Baja California de continuar persiguiendo y encarcelando, con o sin la ley
en la mano, a todo aquel que persistiera en su actitud de protesta y denuncia
en defensa de los más desamparados. Y, desgraciadamente, no tuve que esperar
mucho para ver confirmado mi pronóstico: el viernes 8 de agosto, ahora en la
ciudad de Tijuana, fueron “asegurados” tres antorchistas, entre ellos el mismo
profesor Alfonso de Jesús Villagrán, recién excarcelado por los hechos del 24
de julio, que se hallaban realizando una colecta pública para financiar su
lucha, tal como lo ha hecho el antorchismo de todo el país desde hace 40 años.
Por
ahorrar espacio, copio textualmente la información aparecida en el diario “El
Mexicano”: “Detienen a tres por
corrupción de menores. La policía municipal detuvo a tres personas por el
presunto delito de corrupción de menores; utilizaban a cinco niños para pedir
dinero en las calles de la ciudad. Los detenidos son: Juan Carlos Balderas
Colunga de 43 años de edad, Guillermo Crisanto Escamilla de 23 años y Alfonso
de Jesús Villagrán Contreras de 29 años; quienes fueron asegurados en las
inmediaciones de la Glorieta Cuauhtémoc en la Zona Río”. La nota agrega algo
más que no es relevante para mi propósito.
No
hay duda de que la policía sabía perfectamente a quienes detenía, conocía la
verdadera naturaleza de su actividad y sabía también que los menores
“corrompidos” no estaban “colectando” ni se hallaban allí violentados por
nadie, sino, como hijos de antorchistas que, por amistad y con pleno
consentimiento de sus padres, quisieron acompañar a los maestros en su colecta.
Se
trató, pues, de una nueva y clara maniobra represiva e intimidatoria (tal como
yo me temía y como lo anunció el subprocurador Ramírez Amador en su lenguaje
sibilino) orquestada desde las más altas esferas del gobierno bajacaliforniano.
Los detenidos fueron “asegurados” el viernes 8 y liberados, sin cargo alguno,
dos días después, el domingo 10 de los corrientes.
Esto
podría llevar a pensar que se trató de un auténtico error, que se reparó tan
pronto como se puso en evidencia, y que, por lo tanto, aquí no hay nada que
denunciar ni de qué quejarse. Pero no es así. Repito que no se trató de una
equivocación sino de un deliberado acto represivo e intimidatorio contra los
antorchistas, ahora en Tijuana, lo que prueba que, detrás de todo, se halla el
gobierno estatal y no el municipal de Mexicali. La relativamente rápida
liberación de los detenidos no se explica por el espíritu de justicia sino como
una necesidad impuesta por la torpeza de la acusación, pues la “corrupción de
menores” resultó absurda e insostenible ante las tajantes declaraciones de los
menores y sus padres. Fue un “calcetinazo”, como dicen en el futbol, que había
que desvanecer rápidamente para no exponer a los “jefes” al ridículo y a la
censura pública.
Pero
los antorchistas no nos engañamos. Sabemos que la represión y la persecución
del gobierno panista de Baja California van a seguir, y quizá más encarnizadas
que hasta hoy, porque su objetivo sigue en pie: negar las demandas de la gente
humilde, sean las que sean, desanimarla así de su militancia antorchista y,
persistiendo en ese camino, liquidar este movimiento social, borrarlo de la
escena política del estado, y del país si se presenta la ocasión. El propósito
de lo que escribo no es utópico; no es convencer a los cazadores de
antorchistas para que se conviertan de lobos en corderos; lo que pretendo es
hacer saber a la gente humilde, dondequiera que se encuentre, que si busca un
cambio en quienes la gobiernan, tiene que organizarse y luchar fuertemente para
conseguirlo, tiene que constituirse en una fuerza poderosa que obligue a dicho
cambio y que la ponga en condiciones de perpetuarlo y aprovecharlo en beneficio
de todos; que, como fue dicho ya hace tiempo, la liberación del pueblo tiene
que ser obra del pueblo mismo y que, por eso, su tarea se resume en una frase
breve y fácil de poner en práctica:
¡Organízate
y lucha! ¡Organízate y defiéndete! ¡Nadie lo hará por ti! Los padres del
liberalismo mundial lo dijeron hace casi 300 años: un Estado inequitativo que
no resuelve las necesidades de las mayorías, las induce fatalmente a pensar que
tal estado no sirve y que hay que modificarlo seriamente para ponerlo a su
servicio.
Es
decir, convierte a las masas reformistas en masas revolucionarias. Si a pesar
de eso, los políticos de todo pelaje siguen creyendo que atender a los
hambrientos es, cuando más, un deber filantrópico pero no una necesidad vital
para ellos, la radicalización de la masa será el resultado fatal de su
equivocación. Y sólo cabe desear que, llegado ese caso, reconozcan su culpa y no la echen sobre
espaldas ajenas.