* “Que la capacitación,
sea el factor de la transformación”
Xalapa, Ver. | 28 octubre de 2014
Dr. Gabriel Alejandro Williams Mendoza
Tribuna Libre.- Sin duda alguna el sistema penal de
corte acusatorio y oral representa un reto paradigmático, pues en nuestra
historia hacía más de 70 años que no se gestaba una modificación tan
estructural en la forma en cómo se procura, administra y aún como la ciudadanía
ve la justicia .
Los
tiempos apremian y a razón de ello el Colegio de Derecho y Juicios Orales, ente
debidamente incorporado a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, ambos
preocupados por el bienestar de la ciudadanía y del progreso de Veracruz en la
consolidación de sus instituciones, ha tomado la valiente decisión de iniciar
un proceso de capacitación para la comunidad jurídica en general, no importando
la institución a la que pertenezcan, pues estamos convencidos que solo con el
conocimiento y fortalecimiento de los abogados a través de estándares
Constitucionales, podremos enfrentar este reto generacional que se nos
presenta.
El
reto de la capacitación, más que buena voluntad es una obligación para todos
los órganos del Estado que desean hacer de la justicia un estandarte de
satisfacción social; aunado a ello en el decreto de reforma Constitucional
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008 en su
artículo octavo transitorio anuncia
El
Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo
del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma
del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en
el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y
en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de
las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación
de la infraestructura, y la capacitación necesarias para Jueces, Agentes del
Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados.
Mientras
que el diverso dispositivo transitorio que dio origen al Código Nacional de
Procedimientos Penales es más que claro en establecer:
De
los planes de implementación y del presupuesto CNPP
El
Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto de la Defensoría Pública Federal,
la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y toda dependencia de las Entidades
federativas a la que se confieran responsabilidades directas o indirectas por
la entrada en vigor de este Código, deberán elaborar los planes y programas
necesarios para una adecuada y correcta implementación del mismo y deberán
establecer dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, a partir del año
que se proyecte, las partidas necesarias para atender la ejecución de esos
programas, las obras de infraestructura, la contratación de personal, la
capacitación y todos los demás requerimientos que sean necesarios para cumplir
los objetivos para la implementación del sistema penal acusatorio.
Concebir
la preparación del abogado litigante es pensar en el futuro jurídico del
Estado, si mostramos al abogado a realizar su actuación dentro del marco
Constitucional, generaremos el movimiento para que este engranaje logre brindar
los satisfactores jurídicos que se esperan.
El
compromiso social que el Colegio de Derecho y Juicios Orales bajo mi dirección
ha asumido frente a la Comunidad Jurídica Estatal es ofertar de forma altruista
un curso introductorio para litigantes en materia penal, desglosando los puntos
más sobresalientes de la reforma bajo una perspectiva Constitucional, por lo
tanto el interesado no tendrá que erogar costo alguno por aprender
democratizando con ello la enseñanza del Derecho, llegando a todo aquel que esté
interesado, pues aún y cuando no existe financiamiento alguno por parte de
ningún ente del Estado y el Colegio que presido no persigue fines de lucro;
opté por brindarlo de forma gratuita para llegar al “gran olvidado de la
capacitación” EL ABOGADO POSTULANTE, a quien va dirigido mi esfuerzo.
Pero
como uno de los puntos que caracteriza
al Colegio es la calidad de sus docentes, este curso gratuito no podía
mantener menor estándar de calidad, es por ello que dispuse que los
capacitadores que emprenderán conmigo la labor de la capacitación integral del
Estado sean expertos en el sistema penal acusatorio, docentes certificados por
la SETEC-SEGOB, con posgrados en diversas instituciones públicas y privadas de
la República Mexicana y el extranjero, los cuales previo a brindar la capacitación
debieron haber pasado un curso formativo que les permitiera aportar lo mejor de
su conocimiento al Gremio Jurídico.
Reitero,
el tiempo apremia estamos a poco tiempo para que fenezca el término
Constitucional para la implementación integral del sistema acusatorio y oral,
pero estamos a tiempo de capacitar a los “olvidados institucionales”, aquellos
que no cuentan más que con su trabajo y su esfuerzo para financiarse
capacitación; a ellos vamos dirigidos a ellos mi esfuerzo… (Dr. Gabriel Alejandro Williams Mendoza Rector del Colegio de Derecho y
Juicios Orales)
