Aquiles Córdova Morán | 17 junio de 2016
Tribuna Libre.- Pienso que para entender la inflexibilidad
del gobierno de la república con relación a las llamadas reformas estructurales
que se propuso sacar adelante desde el primer día de su ejercicio, hay que
entender primero el modelo económico en cuyo marco se mueve y trabaja la
economía del país. Me refiero, por supuesto, al modelo neoliberal (al que sus
beneficiarios y propagandistas prefieren llamar economía de mercado o de libre
empresa). Creo que es necesario, en primer lugar, darse cuenta que su
implantación en los países económicamente rezagados como México, no es una
opción libre y voluntariamente escogida por sus ciudadanos y gobiernos, sino
una férrea imposición de las superpotencias que hoy por hoy rigen los destinos
de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Esto implica que ni las
masas trabajadoras (las cada día más empobrecidas masas populares del planeta),
ni sus propios gobernantes (suponiendo que estos últimos quisieran hacerlo),
tampoco tienen alternativa ni grandes márgenes de maniobra para escapar a la
dictadura de las élites mundiales del dinero, a su temible poderío militar y a
la influencia avasalladora de sus gigantescos medios de propaganda y difusión,
y para escoger un camino más eficaz y menos doloroso en pos del crecimiento y
desarrollo económicos que tanta falta les hace, sin incurrir en el enojo de los
poderosos y sin desencadenar sobre ellos calamidades y plagas mayores y más
mortíferas que las siete plagas de Egipto. Y si no, que lo digan Argentina,
Brasil y sobre todo la República Bolivariana de Venezuela.
Hay que darse cuenta, creo yo, que estamos
viviendo en la era posterior a la guerra fría, posterior al enfrentamiento
histórico entre el bloque capitalista, encabezado por los Estados Unidos, y el
modelo socialista, encabezado por la extinta Unión Soviética, una guerra que
los señores del capital creen haber ganado de modo absoluto e indiscutible,
razón por la cual esgrimen ante la faz del mundo el derecho del vencedor sobre
los vencidos, esto es, el derecho a disponer de todos los haberes, de todos los
bienes e incluso de la vida misma de los derrotados, que para ellos son todos
los pobres y débiles del planeta aunque muchos de ellos no hayan participado ni
poco ni mucho en esa guerra. Como lo dijo en frase lapidaria alguno de los
representantes conspicuos de los vencedores: Sí hay, sí hubo lucha de clases en
el mundo; pero esa lucha, esa guerra, la hemos ganado nosotros. Es el
capitalismo post-guerra fría el que exige a todos los países que no forman
parte del club de los ricos y vencedores que derriben hasta el último vestigio
de defensa económica frente a la invasión masiva de mercancías, capitales y
propaganda que los poderosos quieran o necesiten enviarles; exige también las
máximas concesiones y facilidades para que sus empresas funcionen con absoluta
libertad, para que dispongan de tierras, insumos, energéticos, servicios y mano
de obra suficiente y suficientemente cualificada, todos ellos a precios de
regalo. Al mismo tiempo, exigen que se les exima de cualquier obligación hacia
el fisco del país huésped, de cualquier obligación contractual, prestación, indemnización
y de cualquier tipo de seguro para sus trabajadores, y de cualquier
responsabilidad con el medio ambiente, todo ello con el argumento de que tales
desembolsos les restarán competitividad y reducirían sus tasas de ganancia. Por
último, exigen también que se les abran las puertas de acceso a la producción
de bienes y servicios que antes se llamaban “no comerciables”, algunos de los
cuales eran monopolio del Estado, como la salud, la educación, los
hidrocarburos, la producción y distribución de la energía eléctrica, y los
servicios como el agua, el drenaje y la recolección de basura. En resumen,
exigen que se les entregue la economía entera sin faltar ni un clavo, y a los
propios trabajadores y consumidores atados de pies y manos y debidamente amordazados
para evitarse problemas.
Es a la luz de estas exigencias del modelo
como se explican las reformas: la reforma energética, la de las
telecomunicaciones, la laboral para “flexibilizar” el mercado del trabajo y,
por supuesto, la reforma educativa. No entender el verdadero carácter, la
necesidad insoslayable de la reforma educativa, es quizá el verdadero error de
la CNTE y de sus asesores políticos, error que se ha traducido en un
empecinamiento que no ha dejado al gobierno del país otra opción que endurecer
su trato, puesto que derogar la reforma educativa es algo que queda fuera de
sus posibilidades actuales. Sin embargo, es un deber elemental de cualquier
conciencia libre demandar de los encargados de impartir justicia que se ajusten
estrictamente a la ley y al espíritu de justicia que (de algún modo y en alguna
medida) palpita en la legislación penal mexicana; es deber de cualquier hombre
honrado que se identifique con las causas populares en lo hondo de su
conciencia, reclamar imparcialidad, objetividad y recta aplicación del derecho
a cualquier ciudadano que lo infrinja, y no actuar por consigna ni con espíritu
de venganza contra nadie, por muy criticables e irritantes que resulten sus
hechos para los medios informativos y para la opinión pública.
Todo el país ha visto, ha seguido y conoce
más o menos bien la actuación de la CNTE (en particular la sección 22 de
Oaxaca) y sus líderes en su lucha contra la reforma educativa. Los ha visto,
los hemos visto tomar casetas de peaje, bloquear carreteras, aeropuertos,
amenazar y maltratar a sus propios compañeros disidentes, tomar por asalto
edificios públicos, incendiar muebles, papelería oficial (y a veces todo el
edificio), gasolinerías, impedir el normal funcionamiento de oficinas de
gobierno y varios etcéteras más. Precisamente por eso, resulta una sorpresa
indigerible enterarnos de que a los líderes de la sección 22 de la CNTE,
actualmente encarcelados, no se les detuvo por alguno o por todos estos hechos
juntos, que son del dominio público y por tanto evidentes e innegables (me
abstengo de calificarlos de delitos simplemente porque yo no soy juez de
nadie), sino por robo de las cuotas sindicales y por lavado de dinero,
acusaciones que exhiben más de una inconsistencia obvia y que hacen muy
sospechoso el carácter legal y justo de su detención. En efecto, suponiendo que
sea verdad el “robo” de las cuotas sindicales, lo primero que se antoja
preguntar es: ¿no deberían ser los afectados, es decir, los maestros despojados
de sus cuotas, quienes tendrían que formular la queja ante la autoridad
competente? Y si, como se deja traslucir por el decidido apoyo que prestan a
sus dirigentes, no son ellos quienes formulan la acusación, ¿quién y por qué lo
hizo en su lugar? ¿Qué interés tiene en ello y qué tan válida es su acusación?
Respecto al lavado de dinero, creemos saber
que la ley respectiva exige, para que tal delito se configure, que el acusado
haya llevado a cabo operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita
(no que se haya apoderado ilícitamente de recursos cuyo origen es totalmente
legítimo y transparente) con el fin doloso de ocultar su “origen” criminal. En
el caso de los líderes de la CNTE, es más que claro que el dinero que
supuestamente “lavaron” procede de las cuotas sindicales de sus compañeros, es
decir, que tiene un origen totalmente legal, estatuido por ley, razón por la
cual podrá haber desvío de fondos, peculado, abuso de confianza, etc., pero no
lavado de dinero. Es inevitable preguntar: ¿qué necesidad hay de imputarles
delitos de dudosa factura cuando sobran hechos bien documentados que pueden ser
constitutivos de delito? ¿Hay que suponer que esos hechos, que a todos constan,
no son un delito, o que no son lo suficientemente graves como para dar a los
insumisos una lección ejemplar? No lo sabemos; pero, en cualquier caso, los
antorchistas no estamos de acuerdo en que se tuerza la ley para adecuarla a un
castigo preconcebido y no queremos quedarnos callados ante esa posibilidad.
Aquí se aplica aquello de: si hoy callas ante la injusticia, mañana la víctima
puedes ser tú.