*Gobierno
de Juan Antonio Aguilar Mancha dio cuenta bancaria a Elda García Martínez, su
esposa, quien manejaba recursos del ayuntamiento.
Tribuna Libre.- Desde la semana pasada el personal de la
Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se presentó ante el
ayuntamiento de Tuxpan para realizar la auditoría ordenada por el pleno de la
LXV Legislatura.
La revisión se enfoca en la apertura y manejo
de una cuenta bancaria mancomunada entre el municipio y una persona que no es
funcionaria municipal, es decir que carece de atribuciones para el uso de los
recursos públicos.
No obstante, fuentes del gobierno municipal
confirmaron que dicha cuenta habría sido utilizada por Elda García Martínez,
presidenta del DIF local y esposa del alcalde panista, Juan Antonio Aguilar
Mancha.
La información sobre este tema se maneja con
hermetismo, por disposición de la comisión de Vigilancia a cargo del diputado
local de Morena, Eric Domínguez Vázquez.
Una vez que se elabore el informe de la
auditoría serán los diputados de dicha comisión los que determinarán lo que
proceda conforme a la Ley en contra del gobierno de Aguilar Mancha, primo del
ex líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón.
Medios locales han reportado que el munícipe
construye desde 2018 una lujosa casa de descanso frente al mar en la zona
conocida como Isla de los Potreros, en Barra de Galindo, utilizando para ello
maquinaria de Obra Pública y unidades de Seguridad Pública Municipal.
Otro desarrollo inmobiliario, según las
publicaciones, sería de su primo el ex dirigente estatal del PAN, quien
consiguió fácilmente los permisos correspondientes ante la Zona Federal
Marítimo Terrestre y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Época
turbulenta en el PAN
Así, a la anulación de su triunfo de José de
Jesús Mancha Alarcón como dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN),
se suma los señalamientos de irregularidades en el manejo del Ayuntamiento de
Tuxpan presidido por Aguilar Mancha.
Por ahora la revisión no determina el monto
del que dispuso Elda García Martínez, la esposa del alcalde, quien tuvo acceso
a recursos públicos sin ser funcionaria.
Al respecto el regidor segundo Roberto López
Arán indicó que la visita de los auditores cuatro días en el Ayuntamiento, tras
la aprobación del Congreso el pasado 18 de junio, tiempo durante el que se
solicitó la información documental sobre el manejo de los recursos y cuentas
del Gobierno Municipal.
La segunda fase consistirá en el análisis de
la información y la elaboración de un informe sobre el estado que guardan las
arcas municipales, que será entregado a los diputados locales.
El regidor aseguró que los señalamientos
sobre irregularidades se hicieron desde mayo del año pasado, especialmente en
cuanto al tema del gasto corriente, el funcionamiento del ayuntamiento e
incluso sobre la nómina.
“Los mismos diputados señalaron que se trata
de la presidenta del DIF, que es la persona que no es funcionaria pública y que
firma mancomunadamente la cuenta pero se sabrá realmente en el momento en que
se publiquen los resultados de la auditoría”.
Ante estos señalamientos, el regidor negó que
se trate de un tema manejado políticamente pues insistió en que esta clase de
auditorías son permitidas por la Ley en los casos en que haya irregularidades.
“No le veo ninguna cuestión política, el
Congreso está facultado para intervenir la tesorería y si el funcionario se
hace de la ‘vista gorda’ al permitir la observancia también puede ser señalado.
No hemos sido omisos”.
Cabildo
plural destapa irregularidades
Cabe destacar que el Cabildo de Tuxpan está
conformado por alcalde, el síndico y el regidor primero, quienes pertenecen al
PAN; el regidor segundo y tercero son independientes; los regidores cuarto y
quinto pertenecen a Morena; el sexto es independiente, el séptimo del PRI y el
octavo de Nueva Alianza.
“Hay de dulce, de chile y de manteca, no hay
línea, los regidores votamos en función de lo que observamos y nuestra
independencia como ediles”.
Hay que recordar que durante el actual
gobierno se presentó una denuncia en contra de la pasada administración municipal,
encabezada por el alcalde Raúl Ruiz, debido a presuntos desvíos detectados en
la Cuenta Pública de 2017.
En ese caso, el regidor señaló que la
denuncia “duerme el sueño de los justos” pese a las graves irregularidades
detectadas en la administración pasada.
Por cuanto hace a la Cuenta Pública de 2018,
indicó que fue aprobada por unanimidad, pero que el Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) debe hacer una auditoría porque los ediles “no son auditores”.
“El que los ediles hayan aprobado la Cuenta
Pública no significa que se cierra el caso, porque nosotros no somos auditores
somos ediles, requerimos de gente experta que se eche una zambullida en toda la
documentación porque es una auditoría financiera, técnica y social”.
En ese sentido insistió en que gracias a las
diferentes corrientes políticas que integran el ayuntamiento la actual
administración no ha podido ocultar hechos irregulares e incluso aseveró que la
revisión derivó de las quejas que han presentado a los diputados locales desde
que inició la actual administración.