*El PRD presentó en la Cámara de Diputados una
demanda de juicio político a Jesús Murillo Karam. Pero la oposición no concretó
ni una de las 84 peticiones que hizo en los últimos tres años. ¿Lo logrará
ahora?
México, D.F. | 28 septiembre de 2015
Tribuna Libre.- La Cámara de Diputados
recibió una nueva demanda de juicio político contra un servidor público del
Gobierno federal, la cual se sumará a las 84 que acumulan polvo en algún cajón
olvidado en la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, ya que ninguna de éstas
fue solventada durante durante los tres años de vida de la pasada Legislatura.
La nueva demanda fue
presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el priista
Jesús Murillo Karam, quien fuera titular de la Procuradoría General de la
República (PGR), por considerar que sus acciones y omisiones pusieron en riesgo
la investigación sobre la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala,
Guerrero.
No es la primera vez que la
oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en Iguala el
26 y 27 de septiembre de 2014. De hecho es el segundo recurso de juicio
político que se interpone contra el defensor de la “verdad histórica” en el
caso Ayotzinapa.
Sin embargo, la demanda de
juicio político podría correr la misma suerte que las presentadas en la LXII
Legislatura –que funcionó de 2012 a 2015–, las cuales cayeron en tierra
infértil y se guardaron en el cajón del olvido de alguna oficina de la Cámara
de Diputados.
En respuesta a una solicitud
de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84
peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de
la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas
solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número
de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de
agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio
político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas
y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de
Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero
que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se
reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo
el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes
de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de
información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de
2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo
declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de
ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura
(2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron
“pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional
de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y
fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén
Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor
conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la
Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1
millón de pesos.
Ese Diputado por el Estado
de México es también conocido por vanagloriarse públicamente que el Presidente
Enrique Peña Nieto votó por él en el 2012, por lo que se declaró abiertamente
su admirador.
“Soy representante de los
priistas de mi distrito, de los priistas y simpatizantes que votaron por mí,
incluyendo al ciudadano Enrique Peña Nieto porque él vota en el distrito que yo
represento en Atlacomulco”, aseveró el Diputado José Rangel. El mexiquense
jamás convocó a una sesión para revisar las 84 demandas de juicio político
pendiente.
JUICIOS POLÍTICOS, HERRAMIENTAS
En el marco de diversas demandas
de juicio político interpuesta el año pasado sin que actuara la Comisión
Jurisdiccional, Miguel Rábago Dorbecker, profesor e investigador del
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, reconoció que en
México el juicio político no es garantía de una rendición de cuentas efectiva
por parte del funcionario implicado.
“No tenemos esos mecanismos
[de rendición de cuentas] bien desarrollados, el juicio político es uno pero es
un mecanismo bastante anquilosado, problemático, también allí se ven las
limitaciones de los partidos políticos que actúan más por líneas partidistas
que por un interés general o por una exigencia de la sociedad”, dijo el
especialista.
Por su parte, Jesús
Rodríguez Zepeda, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
explicó que México tiene una larga tradición de que sus servidores públicos no
asuman responsabilidades jurídicas por situaciones que los involucran, directa
o indirectamente, en escándalos políticos.
“En otras sociedades, frente
a escándalos políticos como los que se han visto aquí, con mucha frecuencia los
servidores públicos renuncian, aunque no estén directamente involucrados. Pero
eso es algo que en México no tiene tradición ni está arraigado, ni entra en el
repertorio de acciones de los propios servidores públicos”, dijo.
En los últimos tres años, de
nada sirvieron los encendidos discursos que integrantes del PAN, PRD, Partido
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, lanzaron contra gobernadores estatales y
servidores públicos del Gobierno federal a la hora de presentar sus demandas,
de igual forma jamás fueron tomadas en cuenta sus solicitudes de juicio
político.
Algunas de las solicitudes
que más eco tuvieron, se presentaron contra Javier Duarte de Ochoa, Gobernador
de Veracruz; Ángel Aguirre Rivero, Gobernador con licencia de Guerrero, y
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, entre otros.
En octubre de 2014, el
entonces Diputado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo
(PT), presentó una demanda de juicio político contra Ángel Aguirre, entonces
Gobernador de Guerrero, a quien se acusó de perder el control de la
gobernabilidad en la entidad. El mismo Diputado presentó una solicitud de
juicio político en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, a quien acusó de evadir su responsabilidad al no investigar
oportunamente el presunto asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros
perredistas, ocurrido el 31 de mayo de 2013, a pesar de que la Comisión
Permanente se lo pidió de manera oficial.
Huerta ladrón de Guevara
dijo que Osorio Chong fue omiso en atraer la investigación que señalaba como
autor intelectual al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca,
quien después resultó presunto responsable en dar la orden para detener a los
43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
En septiembre de 2014,
grupos ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil
presentaron una demanda de juicio político contra Raúl Plascencia Villanueva,
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por las
“graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a
“modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos.
De acuerdo con los
demandantes, Plascencia Villanueva fue omiso en atender con oportunidad casos
como los 70 mil homicidios ocurridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa;
el caso de la masacre de San Fernando; la presunta ejecución sumaria en Tlatlaya,
Estado de México, o el asesinato del niño José Luis Tehuatlie a causa de una
bala de goma disparada por la policía de Puebla.
MURILLO KARAM ACUMULA JUICIOS EN SU CONTRA
La demanda de juicio
político del PRD contra Murillo Karam fue presentado ante el secretario general
de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, pocas horas antes de que el
Presidente Enrique Peña Nieto se reuniera el jueves pasado con los padres de
los normalistas quienes le presentaron una serie de demandas en torno a la desaparición
de sus hijos.
“Consideramos que no puede
haber ningún funcionario que quede impune ante acontecimientos de la
envergadura del ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero”, dijo el coordinador
perredista Francisco Martínez Neri.
Esta es la segunda ocasión
que la oposición arremete contra Murillo Karam por los hechos ocurridos en
Iguala el pasado 26 de septiembre.
El primero se presentó el 14
de noviembre de 2014 por el presidente de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Martí Batres Guadarrama, y fue respaldado por diputados de izquierda.
En ese entonces Morena no tenía bancada en San Lázaro.
Hace pocos días, el 8 de
septiembre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció
que promovería su propio recurso de juicio político contra Murillo Karam, luego
de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) echara
por tierra su “verdad histórica” sobre el caso Iguala. No obstante, la demanda
panista todavía no presenta formalmente ante la Cámara de Diputados, por lo que
el ex Procurador General y ex titular de la Secretaría de de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no tiene nada de qué preocuparse.
A pesar de que no existen
buenos antecedentes sobre el éxito de los juicios políticos, el PRD defendió su
derecho a actuar contra quien considera violó el marco constitucional, y es
responsable de afectar la legalidad, imparcialidad y eficiencia de la
investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
“Efectivamente, las mayorías
se imponen y protegen a las personas que son de su preferencia. No dudamos que,
en este caso, pudiera darse una nueva resolución en el sentido de que hasta ahí
se quede este trámite. Sin embargo, no podemos renunciar a ese derecho y
tenemos que hacerlo cuantas veces sea necesario”, dijo Martínez Neri.
Para el coordinador de los
diputados priistas, César Camacho Quiroz, el PRD solo utiliza la figura de
juicio político contra Murillo Karam con el “afán de exorcizarse”, y de evadir
sus propias responsabilidades en la desaparición de los 43 normalistas, debido
a que en 2014 Iguala era gobernado por José Luis Abarca, quien llegó a la
alcaldía bajo el amparo de los perredistas.
“Creemos que esto es para
expiar sus culpas políticas y para que con esto distraigan a alguna parte de la
opinión pública de una responsabilidad de su partido y de personas con nombre y
apellido que militaban o militan en el Partido de la Revolución Democrática”,
dijo el líder parlamentario priista. (sinembargo)