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Secuestro y crimen * Eran de la diócesis
de Papantla * Protesta el
Episcopado * El gober que protege al
crimen organizado * Cuando el Vaticano
es tocado * Cecilia Castañeda para el
Tribunal * Arremete contra Sosa * Purga en Morena * Roselia Barajas, o la mafia en el poder
Mussio Cárdenas Arellano | 21 septiembre de 2016
Tribuna Libre.- Herida, sabe ya la Iglesia católica que
Javier Duarte es letal, su indolencia insana, su colusión con el crimen
organizado, la complicidad que provoca muerte y que hoy derrama la sangre de
dos sacerdotes en Papantla, secuestrados y ejecutados.
Llora la Iglesia católica por sus hijos en la
fe. Llora por Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz,
levantados por un grupo armado entre la noche del domingo 18 y la madrugada del
lunes 19, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Poza Rica, al norte
de Veracruz.
Y reclama el Episcopado Mexicano “por la
violencia ejercida contra ellos” y exige a la autoridad el esclarecimiento de
los hechos y la aplicación de la justicia contra los responsables.
Un comando los levantó junto con el chofer de
la parroquia, quien logró escapar y así dio aviso a la policía.
Sus cuerpos fueron arrojados en un paraje
llamado “La Curva del Diablo, el lunes 19, sobre la carretera Papantla-Poza
Rica, en la comunidad Reforma Escolín, en Papantla.
Sobre el piso de la parroquia de Nuestra
Señora de Fátima habían huellas de sangre. Fueron golpeados y rastras se los
llevaron hacia su destino trágico.
Alejo Nabor tenía 50 años; José Alfredo, 30.
Su lugar de culto estaba en remodelación
y ellos, quizá para evitar que se llevaran
algo, se habrían enfrentado a sus captores. Al final el robo se concretó a dos
camionetas, una RAM y una Lancer, propiedad de la diócesis de Poza Rica.
De ahí las huellas de sangre, signo de la
violencia que se ejerció contra los ministros religiosos, que dejaron la vida,
atados con una estola con la que ofician en sus misas.
Sus cuerpos fueron hallados en “La curva del
Diablo”. Presentaban varios disparos, algunos en el rostro, presuntamente a
manera de tiro de gracia.
Se cimbra el gobierno de Javier Duarte,
gestor de la violencia por incapaz y tolerante, moralmente responsable de la
muerte de miles y por el desenfreno de los cárteles, por su indiferencia y
complicidad, por haber gestado un ambiente de inseguridad, rebasada la
Secretaría de Seguridad Pública y fallidos todos los operativos desarrollados
de manera conjunta con el gobierno federal.
Sabe Javier Duarte —o quizá no lo concibe— lo
que implica un agravio a la Iglesia católica, al poder Vaticano, un ingrediente
más en la pugna de los ministros de culto contra el gobierno de Enrique Peña
Nieto.
De ahí la premura del fiscal Luis Ángel Bravo
Contreras al advertir que ya hay datos y registro de uno de los plagiarios y
asesinos, imaginando “Culín” que los veracruzanos son proclives a creer
embustes, que no sospechan, que no escudriñan.
Nada, sin embargo, matiza el malestar de la
curia. El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la máxima
instancia de la Iglesia católica en el país, dice:
“La Conferencia del Episcopado Mexicano,
expresa sus condolencias, cercanía y oración a la diócesis de Papantla, a su
obispo S.E. José Trinidad Zapata Ortíz, a los familiares de los sacerdotes
Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Juárez de la Cruz que fueron privados
de la vida, externamos nuestro dolor e indignación ante la violencia ejercida
contra ellos.
“En estos momentos de dolor, impotencia y
tragedia provocada por la violencia, elevamos nuestra plegaria al cielo por el
eterno descanso de estos hermanos nuestros, e imploramos al Señor la conversión
de sus agresores; de la autoridad esperamos el esclarecimiento de los hechos y
la aplicación de la justicia contra los responsables”.
Lo suscriben el arzobispo de Guadalajara y
presidente de la CEM, cardenal Francisco Robles Ortega, y el obispo auxiliar de
Monterrey y secretario general, Alfonso G. Miranda Guardiola.
Hay indignación por el secuestro y ejecución,
agraviada la Iglesia católica porque en Veracruz sus sacerdotes son
vulnerables, carne de cañón del crimen organizado que, impune, dispone de la
vida de todos, implanta un reino de terror, vuelve vulnerable a la sociedad.
Le atiza su adversario de cabecera, Miguel
Ángel Yunes Linares. Acusa que es la “ineptitud y complicidad” con la
delincuencia lo que pone en riesgo a los veracruzanos.
Describe el caos duartista en materia de
seguridad. “Vivimos una ola de violencia —precisa— que debe ser frenada”.
E insta al gobierno federal a asumir el
control de la seguridad en Veracruz.
Así reza el comunicado de Yunes azul:
“El homicidio de dos sacerdotes en Poza Rica
es la culminación de la ola de violencia que vive Veracruz y que las
autoridades pretenden negar.
“Cada día los hechos son más graves, la
delincuencia opera con total impunidad ante la actitud complaciente de Javier
Duarte, quien está dedicado a defenderse y no a defender a los veracruzanos.
“Es momento de que el Gobierno Federal tome
la decisión de intervenir directamente en Veracruz y quitar el mando de las
fuerzas de seguridad a Duarte, quien es el responsable directo de la situación
que se vive en Veracruz.
“Debemos tener siempre presente que la
delincuencia organizada llegó a nuestro Estado de la mano de Fidel Herrera y
que éste encomendó a Duarte la protección de los grupos delincuenciales, que
operan no sólo con impunidad y protección, sino también con el apoyo de los
altos mandos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General.
“Exhorto a todos los veracruzanos a que
levantemos la voz para que se escuche fuerte la demanda de vivir en paz.
“El silencio no es solución.
“Sólo con la voz exigente de los ciudadanos
se podrá lograr que el Gobierno Federal tome la decisión de intervenir en
Veracruz para frenar la violencia”.
Tiene Javier Duarte un problema mayor. Con
Alejo Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz suman ya cuatro
sacerdotes asesinados durante su gobierno. Los otros fueron Hipólito Villalobos
Lima y Nicolás de la Cruz Martínez, ultimados en Ixhuatlán de Madero, adscritos
ambos a la diócesis de Tuxpan. El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2013.
Lío grande el de Javier Duarte. En su peor
crisis de violencia le matan dos sacerdotes, agraviada la Iglesia católica, en
la mira del Vaticano, cuando es más que ríspida la relación con el gobierno
mexicano por la intención de Enrique Peña Nieto de legalizar los matrimonios
homosexuales.
Día especial el domingo 18. Desde el púlpito,
en las homilías, los sacerdotes hablan de la injusticia social, del deterioro
de la calidad de vida, del gobierno y la corrupción, del rol que debe jugar el
pueblo para cambiar.
Día clave entre el catolicismo mexicano.
Exaltan los sacerdotes una expresión con doble fondo: “bien común”. Lo deben
buscar los católicos, exhortan, que son millones en México. Y “bien común” es
el vértice del ideario panista.
Día de tambores de guerra, cuando las
homilías llaman a dejar la indiferencia y actuar, a no contribuir a la
corrupción por pasivos.
Una semana después de la mega marcha contra
la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, propuesta por
Peña Nieto al Congreso federal, en las calles más de 1.5 millones de mexicanos
simultáneamente, ocurre el doble crimen de Papantla, segada la vida de Alejo
Nabor Jiménez Suárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, los dos sacerdotes
secuestrados, asesinados, con tiro de gracia.
Toca el doble crimen a la feligresía y a la
curia, al Vaticano que cuando se lo ha propuesto derrumba gobiernos.
No los secuestró Javier Duarte. No les
disparó y le dio el tiro de gracia. Sólo dejó hacer y deshacer a los malosos,
los encubrieron sus mandos policíacos, se implicaron los elementos de Seguridad
Pública en levantones y tortura. Les dio pasaporte de impunidad.
Su pecado es ese. Javier Duarte creó un
escenario de violencia e impunidad, a modo para el crimen organizado que ahora
secuestra y mata sacerdotes.
Piadosamente demoledora, la Iglesia católica
no deja pasar la violencia sobre sus hijos en la fe, los que conforman su
estructura, los pastores del rebaño.
Su puño es sutil. Su fuerza se muestra en el
mensaje a sus feligreses, la condena a quienes teniendo poder lo usan para
encubrir a quien se mueve al margen de la ley.
Llegó al límite Javier Duarte. Coludido el
aparato policiaco, el aparato judicial, el aparato de gobierno con el crimen
organizado, rebasadas las instituciones, el saldo hoy son dos sacerdotes
secuestrados y asesinados.
Su suerte está en manos de la curia.
Archivo
muerto
Célebre y respetada, temida por su hablar,
Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros quiere presidir el Poder Judicial en
Veracruz. Observa corrupción, malversación de recursos y nepotismo en el
Tribunal Superior de Justicia, aquejado por la inclusión de magistrados
impuestos por el poder político, sin formación judicial. Dice la ex juez en
Coatzacoalcos, magistrada en el TSJ, que hay improvisación y corrupción en la designación
de magistrados, sin perfil ni carrera en los juzgados. Hace trizas al
presidente saliente del Tribunal, Alberto Sosa Hernández. Le imputa que haya
desviado recursos, millones que fueron a parar a las manos del gobernador
Javier Duarte —se sabe que son más de 20 millones de pesos— y lo acusó de
plagiar su tesis en materia de justicia familiar, usada por Sosa Hernández para
promover la creación de la nueva sala de lo familiar. Dice la magistrada
Castañeda Palmeros que lo que se requiere es que el Tribunal cuente con gente
que sea león y no borregos. Fortísima su candidatura, no sólo por lo que
expresa ahora sino porque al ver la invasión de políticos en el TSJ señaló, el
10 de agosto de 2010, que “ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”… Purga
en Morena, el partido del Peje López Obrador. Por inquina de Roselia Barajas
—sus rencores y sus odios primero— va la guillotina sobre militantes que no le
son afines, que discrepan de la ex diputada federal perredista, que le
significan una amenaza a su frágil liderazgo porque si algo tiene es una imagen
gris, sin carisma, sin que siquiera alguien atine a decir qué ha hecho por
Coatzacoalcos y que alguien sustente que en lo suyo, lo ecológico, haya
concretado un proyecto social. Lo del parque Quetzalli fue un robo en abierto,
perpetrado por Mónica Robles, su hija, adjudicándose un parque público vía la
modalidad del comodato por 10 años para convertirlo en un negocio ambiental.
Roselia, que no fue fundadora de las izquierdas como algunos iletrados afirman
—léanse nombres y anécdotas de los años 60, relacionadas con los Ponce Montuy,
Angel Gutiérrez, Raúl Solezzi, Daniel Cabrera, Heberto Castillo, Wenceslao
Zamora, Cuauhtémoc Cárdenas, el Movimiento de Liberación Nacional; ella llegó a
Coatzacoalcos en 1983—, trae la guillotina afilada, esgrimiendo a través de su
alfil a modo y por ahora, la diputada federal Rocío Nahle García, que los
traidores no tienen cabida en Morena, que los que pactaron algún día con el PAN
se van. ¿Y cuando Roselia Barajas traicionó al PRD y apareció como contendiente
por una diputación plurinominal en Convergencia por la Democracia, hoy
Movimiento Ciudadano? Todo un galimatías pejista, pues doña Roselia y sus
marionetas aplican la retroactividad a los estatutos de Morena, como si eso
fuera legal, y ejecutan a militantes sobre acciones ocurridas cuando el partido
del Peje era asociación política. O sea, la purga de morenistas va,
evidenciando fracturas entre la militancia, los odios obsesivos de la relatora
del ex Gobierno Legítimo, así tenga que enfrentar Morena los juicios que le
interpondrán en tribunales electorales por violación a los derechos políticos
de los ciudadanos. Más o menos como si López Obrador y Roselia fueran de la
mafia en el poder…