* “Hoy la impunidad, la corrupción y el delito se
pasean por toda la Ciudad en Uber, Cabify y Piratas con toda la libertad y al
amparo del Gobierno del Distrito Federal”, expresó Francisco Cornejo, vocero de
los transportistas.
Tribuna Libre.- Los Taxistas
Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) insistieron en que la Ley de
Movilidad no puede estar sujeta a intereses políticos y económicos y manifestaron
su desconfianza ante la posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de México y
el secretario de movilidad, Rufino H. León, intenten regularizar a Uber a
través de los reglamentos secundarios que tentativamente enviarán esta semana.
“El reglamento secundario no puede crear nuevos derechos y obligaciones si
estos no están previstos en la ley, como ahora ocurre. Si pretenden abrirle la
puerta a estos piratas acudiremos a tribunales competentes”, advirtieron.
En conferencia de
prensa, los transportistas reiteraron su rechazo a la incorporación de UBER
como parte de los servicios de transporte de la Ciudad de México y exigieron a
la Secretaria de Movilidad (SEMOVI), al Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA) y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal
(PGJDF) la aplicación de las leyes vigentes en la capital para sancionar a las
30 mil unidades piratas con cromática y placas particulares, así como a los
servicios irregulares de Uber y Cabify, que sin tener concesión ofrecen un
servicio ilegal de transporte.
“Hoy la impunidad,
la corrupción y el delito se pasean por toda la Ciudad en Uber, Cabify y
Piratas con toda la libertad y al amparo del Gobierno del Distrito Federal”,
expresó Francisco Cornejo, vocero de los transportistas.
Respaldados por
los artículos 262 y 264 de la Ley de Movilidad, recientemente aprobada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ignacio Rodríguez, Daniel
Medina, Francisco Cornejo y José Luis Ramírez, anticiparon que harán la presión
necesaria para exigir a las autoridades que se pongan a trabajar e incluso
acudirán a tribunales mayores para impedir la inclusión de los ilegales.
“No es una
ocurrencia nuestra, estamos pidiendo la aplicación de una ley aprobada,
discutida y avalada por la ALDF. Nos inclinamos por el Estado de Derecho y si
las autoridades no van a aplicar las leyes aprobadas por sus legisladores, para
qué estamos pagando un órgano de gobierno tan caro”, cuestionó Ignacio
Rodríguez tras anticipar que mantendrán la estrategia jurídica que iniciaron
desde el año pasado en contra de las autoridades capitalinas y de los múltiples
servicios piratas que circulan por la ciudad protegidos y solapados.
Los taxistas
demostraron que a través de una larga lista de trámites y cobros, para ofrecer
un servicio legalizado anualmente deben pagar cada año más de 25 mil pesos,
entre cobros a las concesiones, seguros y trámites oficiales, a lo que también
sumaron cientos de horas en espera frente a las dependencias locales con el fin
de poder acreditar todos los requisitos mínimos para brindar el servicio de
transportación, a la vez que la concesión que tiene un costo en el mercado de
80 mil pesos, mientras que “Uber circula libremente sin pagar ni realizar
ninguno de estos trámites; son ganancias millonarias que anualmente se van a la
cuenta de estas empresas ilegales”, precisó Francisco Cornejo.
De igual forma,
Daniel Medina anticipó que el próximo miércoles 6 de mayo, sostendrán una
reunión en la Procuraduría General de Justicia con representantes del INVEA y
del Gobierno del Distrito Federal, como parte del proceso jurídico iniciado
contra las autoridades locales y los servicios piratas. Así también, subrayó
que hasta el momento el secretario de Movilidad, Rufino H. León no ha aceptado
dialogar con el gremio de taxistas y es a través de sus secretarios como buscan
resolver el conflicto por la operación ilegal de servicios de transporte.
“No han querido
entender que abrirle la puerta a Uber y Cabify es seguir abriendo la puerta a
la ilegalidad; sometiendo las leyes mexicanas a la voluntad de estas empresas
extranjeras que califican las regulaciones de absurdas y obsoletas”, insistió
José Luis Ramírez y aventuraron que detrás de la protección y solapamiento de
las autoridades seguramente hay intereses oscuros, económicos y políticos, que
las propias autoridades están anteponiendo al bienestar de los ciudadanos y a
la aplicación de la ley.
En cuanto a la
posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones, los taxistas recordaron que
con 140 mil concesiones vigentes y legales la Ciudad de México se mantiene como
la capital con más taxis en el mundo y reiteraron su rechazo a que las
autoridades locales pretendan abrir la puerta a los servicios irregulares
mediante una declaratoria de necesidad.
“Uber, Cabify y
los piratas, se incorporan al final de la carrera en todas las condiciones de
ventaja y patrocinados por los jueces que deberían vigilar la competencia, como
lo hizo Roberto Madrazo en una maratón europea”, resumieron los quejosos y a
nombre de sus 20 mil asociados, se deslindaron y reiteraron su rechazo a las
acciones violentas e insistieron en que las agresiones no contribuyen de forma
alguna a resolver el problema, por lo cual seguirán apostando a la vía jurídica
y en defensa del estado de derecho.