*La
magistrada presidenta del TEPJF y el consejero presidente del INE inauguran la
Décima Primera Sesión de Trabajo del Observatorio de Participación de las
Mujeres en México.
*Otálora
Malassis señaló que el ejercicio de los derechos político-electorales no debe y
no puede tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de
nadie.
Tribuna Libre.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) refrendaron su
acompañamiento a las más de 30 organizaciones que integran el Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en México y destacaron que acompañan las
iniciativas de la sociedad civil para la defensa de la integridad de las
mujeres.
La presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora
Malassis, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se sumaron a la
campaña #AltoALaViolenciaPolitica en contra de la violencia que se ha
presentado en el proceso electoral en curso y coincidieron en que las
instituciones electorales se suman al rechazo y a la condena por esos sucesos.
En el marco de la inauguración de la Décimo
Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio, la magistrada presidenta
del TEPJF, Otálora Malassis destacó que el ejercicio de los derechos
político-electorales no debe y no puede tener como costo la integridad, la
seguridad ni la tranquilidad de nadie.
Dijo que la violencia es un problema
estructural que de ningún modo puede resolverse desde un enfoque exclusivamente
penal; sin embargo, explicó lo que los órganos jurisdiccionales pueden aportar
a la erradicación de violencia a partir de tres enfoques. Primero, con
actuación de “un Tribunal Electoral sólido, que se sostenga a partir de sus
criterios y de la congruencia”.
Segundo, agregó, el enfoque de género. “En
nuestras resoluciones [debemos] operar reparaciones transformadoras que se
hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que
generan la violencia, más allá del caso concreto”. Así, apuntó, “se hace
necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el
establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta
que hasta ahora ha dado el derecho electoral”.
Y, en tercer lugar, tenemos que “mirar los
asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y
hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones, tanto a
nivel individual, como sería el empoderamiento de las víctimas y dignificar a
las comunidades implicadas, pero tienen también un impacto social, fortalecer
la legitimidad y la credibilidad de las instituciones y la confianza en los
comicios que esa es nuestra responsabilidad”.
“La violencia merma el ejercicio de los
derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y
genera un ambiente adverso para el Proceso Electoral”, señaló. Por ello, añadió
Otálora Malassis, la aspiración de todo quehacer gubernamental debe ser la
prevención de cualquier tipo de violación a los derechos humanos.
La magistrada presidenta agregó que la
violencia no puede determinar, de ningún modo, un proceso electoral y el Estado
debe garantizar que quien use la violencia asuma las consecuencias jurídicas
que correspondan. En ese sentido, sostuvo, las autoridades electorales deben
hacerse cargo de su labor de aportar sus esfuerzos en contra de la violencia y
garantizar que los comicios del primero de julio se lleven a cabo en orden y en
paz.
El consejero presidente del INE, Lorenzo
Córdova Vianello, reprobó de manera absoluta los asesinatos ocurridos en contra
de mujeres y hombres, de candidatas y candidatos que aspiraban a puestos de
elección popular.
Consideró inadmisible que se estén
presentando casos de violencia que incurren en el buen desarrollo del proceso
electoral, caracterizado por una vigorosa participación ciudadana, aunque dicha
violencia no ha tenido, como principal objetivo, obstaculizar la organización
de las elecciones.
Ante representantes de más de 30
organizaciones y colectivos de mujeres y de los nueve partidos políticos
nacionales, el Consejero Presidente del INE informó que de diciembre de 2017 a
la fecha se han registrado 19 asesinatos,13 hombres y seis mujeres
precandidatos y candidatos.
“Una sola muerte es suficiente para
indignarse y ser rechazada, una sola muerte empaña el buen desarrollo de unas
elecciones. Todas esas muertes, sean de mujeres u hombres son absolutamente reprobables
y lamentables”, dijo Córdova Vianello, y agregó que deben considerarse “una
erosión de nuestra convivencia en clave democrática en tanto que la democracia
misma supone la negación de la violencia”.
Desde el INE, puntualizó, hacemos un llamado
a las y los mexicanos a asumir con responsabilidad que todas y todos tenemos
que preservar nuestras libertades y establecer condiciones para el ejercicio de
nuestros derechos político-electorales en condiciones de tranquilidad y paz.
La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso hizo
un pronunciamiento de rechazo a la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones, “a la violencia en general, a la violencia política y a la
violencia política en razón de género que estamos lamentablemente viviendo en
este proceso electoral”.
La violencia política, añadió, se ejerce
contra las mujeres en la vida política y ha llegado hoy a su expresión más
extrema en la muerte de candidatas, de candidatos, de aspirantes a participar
en el libre ejercicio de sus derechos político-electorales.
Durante la inauguración de la Décima Primera
Sesión de Trabajo del Observatorio de Participación de las Mujeres en México,
las autoridades electorales reiteraron su compromiso con la lucha por la
igualdad de género y en contra de violencia política, y aseguraron que, desde
sus respectivos ámbitos de competencia, redoblarán los esfuerzos para lograr
que estas elecciones se celebren en condiciones de paz y tranquilidad.