*Obliga
a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos
autónomos y los ayuntamientos, a destinarles el 3% de las vacantes disponibles.
Xalapa, Ver. | 12 junio de 2018
Tribuna Libre.- El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el
Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con
discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles
oportunidades de un trabajo.
En la séptima sesión, las diputadas y
diputados aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales
autónomos y los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las
vacantes disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad,
siempre que cumplan con los requisitos
de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las
funciones correspondientes.
Por cuanto hace al Sector Privado, la
Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP),
supervisará y de ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que
cumplan con la contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje
señalado anteriormente.
Esta modificación incluye las multas por
incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMA).
La STPSP se abstendrá de sancionar al
infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción
en que incurra.
Son causas de clausura temporal del
establecimiento, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas
aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.
Las autoridades competentes para la
determinación e imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en
cuenta la reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor.
Se considerará reincidente al que haya
incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella,
cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la
fecha en que haya quedado firme la resolución respectiva.
Este Decreto es resultado de la iniciativa
que presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.