*El fuero constitucional del que
gozan legisladores y gobernantes es una protección que funciona como en tiempos
de la Colonia, dice Buscaglia.
Ciudad de México. | 01
octubre de 2015
Tribuna Libre.- México carece de una política de Estado para atender las decenas de miles
de casos de desaparición forzada que hay en el país y para los que no hay
legislación que proteja a víctimas ni a los potenciales testigos de los
crímenes.
Así, planteó ayer en un foro el investigador
Edgardo Buscaglia, en el país está prácticamente cancelada la posibilidad de
que la información sobre los perpetradores fluya hacia las investigaciones y,
con ella, se pueda establecer el paradero de las víctimas.
Buscaglia participó ayer vía skype en el “Foro
Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, en el que insistió en
que la Ley que se genere –en discusión en el Senado de la República– debe
contar con programas integrales de protección a víctimas y a testigos; esto,
dijo varias veces, para que puedan avanzar las indagatorias ahora detenidas por
“el terror” que viven potenciales testigos.
Otro problema para la solución de los casos, agregó
el experto en marco legal para el combate al crimen organizado, es el fuero
constitucional del que gozan legisladores, Gobernadores y otros funcionarios
para no ser procesados y que, dijo Buscaglia, funciona como el sistema de
protección política vigente durante la Colonia.
“Tenemos que entender que la delincuencia
organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan
teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio,
jamás podrán llegar a la verdad”, dijo.
“Una de las principales medidas que deben impulsar
es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar
por delitos”, agregó.
En su participación, Buscaglia también insistió en
que las familias se organicen para tratar de llevar los casos ante la Corte
Penal Internacional, en lugar de la Corte Interamericana, debido, dijo el
académico, a que esta segunda instancia carece “de dientes” y no puede ni girar
órdenes de detención contra probables responsables.
Las recomendaciones, sin embargo, fueron desairadas
por cuatro servidores públicos que llegaron a la inauguración del foro
realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y que, sin
embargo, se fueron justo antes de que iniciara la ponencia de Buscaglia
–conocido crítico de los “vacíos” del Estado mexicano ante el crimen
organizado.
–¡Ya se fueron! –exclamaron desde su silla en el
salón en el que se realizaba el foro algunas madres de víctimas mientras
Buscaglia, a través de la pantalla, criticaba que los legisladores mexicanos
dieran discursos en lugar de “llenar los vacíos legales”.
Se referían a la Senadora Angélica de la Peña
Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; Sergio Rochín
del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la
Secretaría de Gobernación; Mercedes Peláez, directora de Estrategias para la
Atención de Derechos Humanos de la misma Segob; y Jorge Aguilar Montaño,
director general de Promoción de Cultura de los Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la República (PGR).
“Desgraciadamente llegaron aquí la fauna de
políticos, y en cuanto usted empezó a hablar, salieron volando, para no oír.
Inmediatamente salieron y sólo llegaron para que nosotras pudiéramos escuchar
su discurso, ya sabe”, dijo al micrófono Julia Alonso, integrante de la
organización de familias de víctimas Ciencias Forenses, que busca generar un
banco de datos sobre casos.
“Saben que les íbamos a decir todo lo que tienen
que hacer”, dijo Teresa Vera, hermana de Minerva Vera –desaparecida en Oaxaca
en 2006–, entrevistada por este medio al final de la ponencia. “Pero nosotros
solicitamos que esté la autoridad presente, para que escuchen nuestras
necesidades”, agregó la también integrante de la Plataforma de Víctimas de
Desaparecidos de México.
La única funcionaria que regresó al término de la
ponencia de Buscaglia, y para presentar sus datos, fue Peláez, que dijo haberse
ausentado para atender “precisamente un caso”. En su exposición, la funcionaria
planteó que –de los más de 26 mil casos de desaparición que, se estima, existen
en el país– la dependencia a su cargo “acompaña” actualmente mil 348; es decir,
un 5.1 por ciento. (SinEmbargo)
