* El Colegio Nacional de Organizaciones
Adherentes del PRI celebró coloquio para analizar la nueva ley contable,
recientemente aprobada.
Xalapa, Ver. | 23 noviembre de 2012
Tribuna Libre.- Académicos universitarios y especialistas del Colegio Nacional de
Organizaciones Adherentes (CNOA) del PRI, coincidieron en que la Ley General de
Contabilidad Gubernamental abre el camino hacia la transparencia y el buen
desempeño de las arcas de los tres niveles de gobierno.
En el Coloquio
de Análisis de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, celebrado
en el auditorio Heriberto Jara del CEN del PRI, los especialistas y miembros
del CNOA aseguraron que la correcta aplicación de la nueva normatividad podría
evitar actos de corrupción.
Daniel Ventura
Uribe, coordinador de Estudios del CNOA, precisó que uno de los mayores
alcances de la ley es que cierra la opacidad sobre el manejo de los recursos en
los gobiernos estatales y municipales del país, pues evita el manejo
discrecional del dinero y aseguró que tan solo en materia de deuda, los estados
deben alrededor de 400 mil millones de pesos.
Al respecto,
Graciela Velasco González, especialista en comercio mercantil y auditora
gubernamental, destacó que existe una problemática en la armonización
financiera y la Ley de Contabilidad Gubernamental, toda vez que los programas y
el software que deben aplicarse con la nueva normatividad pueden resultar
complicados y no responden a la estructura de muchos municipios del país.
“En algunas
regiones del país no hay luz y por tanto no hay internet, se desconocen las
aplicaciones y se mantiene hoy en día el mismo diseño de reporte de actividades
municipales”, sostuvo la especialista.
En su oportunidad,
el catedrático de la UNAM, Miguel Ángel García Olivo confío en que la Ley
General de Contabilidad Gubernamental cerrará el paso a la corrupción,
dispondrá de esquemas que apoyen a la gestión gubernamental, transparentará y
homologará la información presupuestal y financiera, así como los pasivos y
deuda pública.
“Obliga a los
gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda
la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda
pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores,
contratistas y acreedores”, concluyó el catedrático.