Aquiles Córdova Morán | 05
junio de 2014
Tribuna Libre.- La
historia es larga, tanto como el ejercicio del Gobernador del Estado de
Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, por lo que me limitaré a lo más relevante
ocurrido en el año que corre. El 10 de abril, obligado por el nulo resultado de
sus gestiones apegadas a la normatividad, el Comité Estatal Antorchista que
encabeza el Ing. Samuel Aguirre Ochoa, dirigió una carta abierta al señor
Gobernador en que hacía de su conocimiento la desesperada situación de los
solicitantes y le rogaba su superior intervención para el cumplimiento de
acuerdos firmados, algunos desde el 2013. Quince días después, el 25 de abril,
el Gobernador, acompañado de su gabinete, recibió a los firmantes de la carta y
acordó con ellos que el Secretario de Finanzas cuantificaría el monto de las
demandas y calendarizaría el flujo de los recursos necesarios para su
ejecución. Se acordó además, aquí sí puntualmente, 1) la creación de un Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos (modalidad de preparatoria, CECYTEV) en
la comunidad de Huazuntlán, municipio de Mecayapan, ubicado en una de las zonas
indígenas más pobres y olvidadas del estado, en vez del Colegio de Bachilleres
que la población solicitaba varios años antes; 2) destinar recursos suficientes
(se fijaron montos) para semilla mejorada de maíz y fertilizante subsidiado
para campesinos pobres; y 3) 48 plazas de docentes que vienen laborando desde
hace meses sin reconocimiento oficial ni goce de sueldo.
Nada
se cumplió. Los antorchistas, tras reuniones y discusiones inútiles, volvieron
a la brega y así lograron que el 5 de mayo, por fin, el Secretario de Finanzas
girara por escrito a las dependencias respectivas la indicación de destinar, en
el programa de obras de este año, el monto necesario para “las obras de
Antorcha”, anexándoles la relación de las mismas. Se acordó además, aunque sólo
verbalmente, el calendario de inicio de obra. Curiosamente, minutos antes de
que esto ocurriera, el Gobernador se comunicó con la dirigencia para
ratificarle que se cumpliría religiosamente con lo ordenado por el Secretario.
Pero las fechas acordadas llegaron, pasaron, y ni la “orden” del Secretario de
Finanzas ni la promesa del señor Gobernador surtieron efecto alguno. Los
antorchistas, entonces, acordaron instalarse en plantón permanente frente a
palacio de gobierno a partir del 2 de junio. Pero, otra vez “curiosamente”, el
día 29 de mayo, los líderes fueron convocados a una “nueva” reunión con el
señor Gobernador. Reiteró su compromiso con lo pactado y “ordenó”
telefónicamente a sus funcionarios poner manos a la obra de inmediato. Al día
siguiente, sin embargo, en las oficinas, los gestores fueron recibidos con más
indiferencia que antes de la intervención de su jefe supremo, el señor
Gobernador. No quedó más que reactivar los preparativos del plantón. Pero justo
en la víspera, el 1° de junio por la noche, nueva llamada del Gobernador y
nueva reiteración de que “se cumpliría lo acordado”, ahora con la “atenta
súplica” de que desistieran de su plantón “porque el señor obispo de Xalapa
celebraría, en el mismo lugar, día y hora, un evento religioso”. Los citó para
el día siguiente, 2 de junio, el mismo día del plantón y, según mis reportes,
hubo algunos avances, sin que ello quiera decir que todo quedó ya resuelto.
No
es el “vía crucis” de los veracruzanos lo que me hace ocuparme del asunto. Esto
ocurre todos los días en las 32 entidades federativas, incluido el D.F. Lo
nuevo y preocupante es que, paralelamente a dicho “vía crucis”, han ocurrido
hechos de cierta gravedad. 1) el Secretario de Finanzas, en una de tantas
entrevistas, quiso desconocer la autenticidad de recibos expedidos por él mismo
para el pago de predios destinados a vivienda de antorchistas que carecían de
ella. El “error” apenas disimulaba la amenaza escondida tras él: enjuiciamiento
y cárcel para los “falsificadores”, los dirigentes antorchistas. 2) El día 1°
de mayo, “militantes” de “partidos de oposición”, probadamente a sueldo de
funcionarios del gobierno, secuestraron a la directora del bachillerato
provisional de Huazuntlán, Licenciada Ángeles Cisneros, y al presidente
Municipal de Mecayapan, Jesús Cruz Hernández, acusándolos de “vendidos” por
aceptar el CECYTEV en vez del Colegio de Bachilleres que demandaba la gente. El
pretexto era falso a todas luces, pues el cambio fue informado, discutido y
aprobado por la comunidad y los padres de familia, con toda oportunidad. Los
secuestrados no pudieron, durante ocho horas, ir al baño, comunicarse con sus
familiares ni ingerir alimentos ni agua; y para liberarlos hubo que hacer un plantón
en Xalapa y movilizar al Antorchismo del sur del estado. Suma y sigue: Ante las
fallidas “ordenes” del Secretario de Finanzas, se programó una marcha para el 7
de mayo; pero, justo en la víspera, los transportistas rompieron el contrato,
algunos alegando abiertamente “órdenes de arriba”; y el día 7, a la hora de la
marcha, 60 autobuses con gente de CODECI (en realidad vacíos), membrete a las
órdenes del gobierno, “sitiaron” el palacio impidiendo el acercamiento de
cualquier contingente. El 14 de mayo, colonos de Xalapa protestaban porque la
constructora “Casa Carpín” estaba cegando un arroyo que pasa por su colonia, lo
que provocaría severas inundaciones. Una señorita finolis, llamada Liliana
González, “indignada”, les echó encima su auto de lujo con clara intención
homicida, dejando dos lesionados de gravedad: el profesor Dionisio Pérez Zárate
y el estudiante Edwin Rodolfo López. A pesar de ello, la pirrurris tardó más en
entrar que en salir de la cárcel mediante una fianza simbólica.
Los
antorchistas veracruzanos nada tienen ni han tenido nunca contra el Dr. Javier
Duarte de Ochoa. Participaron activamente en su campaña y le dieron, a la hora
de la votación, muchos y garantizados sufragios. ¿Por qué, pues, habrían de
empezar ahora, cuando el señor es ya poderoso e influyente Gobernador, a
cambiar de opinión y comenzar a quejarse de sus funcionarios o a “crearle
problemas artificiales”? Pero es difícil ver en las dilaciones y maniobras para
no atender sus demandas, y en los reiterados llamados de último minuto para
“negociar” y obligarlos a cancelar sus acciones de protesta, verdaderas
carencias de la administración o simples y desafortunadas “casualidades” que
nada significan. Si fuera así, no se ve por qué tendrían que esperarse al
cuarto para las doce para, finalmente, dar y ofrecer lo que antes negaron
tenazmente. Más bien, parece que se trata de un bien meditado plan que se
propone dos resultados complementarios: 1) cansarlos y desanimarlos en sus
demandas; 2) forzarlos a suspender sus acciones de protesta a última hora, para
exhibirlos ante los veracruzanos como “chantajistas” que sólo amenazan para
obtener dinero y prebendas y que, una vez conseguido su propósito, no tienen
empacho en desmontar su teatro de “lucha en favor de los pobres”. Si a ello se
suman las amenazas de cárcel, los secuestros, las agresiones mortales y las
graves violaciones a la ley para proteger a asesinos potenciales, parece
inevitable concluir que estamos ante una política perversa para desbaratar al
antorchismo veracruzano negándole sus peticiones y cerrándole, por la buena o a
la fuerza, los caminos de la protesta legítima. ¿Ignora todo esto el Dr. Duarte
de Ochoa? Si es así, a partir de hoy queda informado. El Antorchismo Nacional,
por su lado, no dejará solos a sus hermanos veracruzanos ni se callará ante la
supresión de facto de las garantías constitucionales que se intenta, en
perjuicio de los que menos tienen. Vale.