José Miguel Cobián | 01 mayo de 2013
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Tribuna Libre.- Dos son los
problemas principales que convierten a México en una sociedad y estado
fallidos. La corrupción y la impunidad. Dos formas de un mismo cáncer social
que forman parte del gen histórico de los mexicanos, cuando menos desde el
dominio Azteca, y que fueron exacerbados a lo largo de la colonia, y luego
fueron mexicanizados a partir del primer imperio mexicano y el México
independiente, para ser transformados en política de estado a partir de la
revolución, y posteriormente durante la dicta ¨blanda¨ priísta. Por
último convertidos en sutilezas del arte de gobernar y en delitos de cuello
blanco, durante la docena trágica del panato, y los cuales vuelven por sus
fueros ahora con el regreso del invencible PRI.
La corrupción está
tan extendida que no hay un solo funcionario gubernamental, de paraestatales,
federal, estatal o municipal que no la haya percibido a su alrededor, y los
ciudadanos viven con ella cada vez que requieren realizar alguna gestión o
trámite ante cualquier autoridad, y últimamente, ante los monopolios del poder
privado que dominan los servicios y la venta de bienes.
La impunidad, curiosamente,
ofende más a la población. Pues no basta con saber que alguien es corrupto y
comete un delito, sino que agravia mucho más, el saber que ese acto
delincuencial es descubierto, descrito con lujo de detalles ante la opinión
pública a la cual en muchos casos se le presentan pruebas irrefutables, que
llegan a ser documentales, grabaciones, y hasta videos.
Si algo hay que
reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, es su actitud ante el escándalo de
las ligas, con el profe Bejarano, a quien de inmediato sometió al escrutinio de
los órganos judiciales, y aunque cuidado y protegido, pasó algunos meses
encerrado en una cárcel del D. F. y eso a pesar de que nadie duda (en el
imaginario colectivo), que el propio López Obrador estaba enterado de sus acciones,
y Bejarano no fue más que un chivo expiatorio ante la opinión pública.
Así, un país en el
que las leyes se aplican de manera selectiva, se convierte en un estado
fallido, sin esperanza a largo plazo. Eso es lo que últimamente ha
sucedido en México. Enrique Peña Nieto está acabando muy rápido con su capital
político y con la inercia –tan atractiva a la opinión pública- de un arranque
de gobierno de caballo fino. El pobrezagate, el escándalo mediático
destapado por Yunez Linares y el PAN ante el uso de recursos de Sedesol para
fines políticos y de coacción del voto, no ha tenido la respuesta esperable ni
del gobierno estatal ni del gobierno federal.
Si bien es cierto,
que las pruebas de oídas, no pueden incriminar al gobernador del estado ni a la
secretaria de desarrollo social, también es cierto, que hay muchas personas que
aparecen en los audios y los videos, cometiendo delitos electorales y de manejo
de fondos públicos, a quienes la opinión pública ya juzgó y condenó.
Personas a quienes los poderes reales no han considerado ni siquiera iniciarles
una investigación a fondo, como si la justicia en Veracruz y en el país
dependiera de la voluntad de un soberano omnipotente, y no de la supremacía de
la ley.
No sólo debe
investigarse a los miembros del PRI que han realizado este tipo de actos. Es
vox populi que durante los dos sexenios anteriores, también se le dio uso
electoral y político a los programas sociales, así como el uso de esos mismos
programas para generar un clientelismo de necesidad y pobreza en el propio
Distrito Federal.
Los mexicanos
esperamos que estas prácticas disminuyan hasta desaparecer, y para ello hay que
aplicar la ley sin distingos. Generar un escarmiento ejemplar, que reduzca los
incentivos para llevar a cabo estas prácticas deleznables e iniciar el largo
recorrido para eliminarlas. Mientras eso no suceda. No sólo los que aparecen en
audios y videos, sino sus superiores jerárquicos, y la propia justicia en
nuestro país quedarán en entredicho. No se vale apostar a que
la opinión pública se olvide del asunto, mientras en las cúpulas partidistas se
negocía la ley, ofreciendo no continuar una investigación en contra del PRI, a
cambio de que el PAN y el PRD no sean investigados por los mismos delitos.
A Miguel Ángel
Yunez Linares y al partido de Acción Nacional se les debe agradecer haber
traído a la palestra informativa este tipo de prácticas, aunque ellos mismos
las hayan realizado, y por ello conozcan tan bien los mecanismos de
funcionamiento. Ahora solo falta que las autoridades estén a la
altura de las circunstancias, y pasen a la historia como estadistas, o como
¨los gobernantes de siempre¨ preocupados por su interés y el de su equipo,
olvidando el interés primordial que es la Patria. Olvidando su compromiso por
México.
