Héctor Yunes Landa | 23 noviembre de 2015
Tribuna Libre.- El pasado jueves 19 noviembre se aprobó en
el Senado de la República la nueva Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), en aras de desincentivar la corrupción y
facilitar la rendición de cuentas; dando paso al manejo transparente de los
recursos públicos y elevar la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
Con este nuevo instrumento anticorrupción,
se fortalece el derecho ciudadano de acceso a la información pública, la cual
no podrá ser objeto de indagación judicial o administrativa, ni restringida por
vías directas o indirectas; fomentándose la participación en la toma de
decisiones públicas, a la par de garantizar la confidencialidad de los datos
personales.
Cabe destacar, que sólo se podrá reservar
información cuando esté en riesgo la seguridad nacional, las negociaciones
internacionales, la política monetaria, que obstruya la persecución de delitos,
vulnere los expedientes judiciales o afecte la salud de las personas. En este
sentido, ninguna información puede ser reservada cuando esté relacionada con la
violación de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.
Aquellos funcionarios públicos que nieguen
información podrán ser sancionados por los órganos de transparencia, creándose
una auténtica política de Gobierno Abierto, en la que los Poderes de la Unión
ponen a disposición de la ciudadanía, la información del ejercicio de sus
funciones, del gasto público y sus principales decisiones.
Con la LFTAIP habrá más sujetos obligados
que tendrán que rendir cuentas a la sociedad, debido a que ahora también lo
estarán, no solo los gobiernos, sino también legisladores, jueces, partidos
políticos, sindicatos, personas físicas y morales que reciban recursos
públicos, así como directivos de fideicomisos y fondos públicos.
Asimismo, se pretende impulsar la cultura
de la transparencia y rendición de cuentas desde los primeros años de escuela,
garantizándola a través del uso de tecnologías que faciliten el acceso a la
información y en formatos accesibles para cualquier ciudadano; por lo cual,
todas las instituciones públicas deberán contar con Unidades de Transparencia,
para atender y solucionar las solicitudes de información recibidas en un plazo
no mayor a 15 días.
Con la creación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, damos un paso fundamental para
consolidar los avances en materia de transparencia y hacer de México un país
más democrático; dando condiciones para que los grupos vulnerables –indígenas,
discapacitados, adultos mayores, entre otros– puedan ejercer su derecho a la
información pública.
Toca al Sistema de Administración
Tributaria cobrar las multas a los sujetos obligados y al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
resolver lo procedente, siendo definitivas e inatacables para todos los sujetos
obligados.
Toda ley es perfectible, las críticas
propositivas y constructivas serán bienvenidas. Como toda Ley, esta no es
estática y puede mejorarse cada vez que sea necesario; queda ahora en manos de
la H. Cámara de Diputados su pronta aprobación.
Es innegable, que la transformación del
Estado Mexicano continúa impulsada por el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, para transitar hacia nuevos estándares de democracia y a una nueva
etapa de progreso en beneficio de todos los sectores. Por eso, el gobierno
federal entiende la necesidad de hacer trasparente la entrada y salida del
dinero público, la aplicación que hacen quienes lo manejan, su impacto y
destino final.
En el Senado de la República hay plena
disposición para seguir aprobando y generando los instrumentos legales
necesarios, que permitan erradicar la corrupción que tanto daña al desarrollo
de nuestro país.