Aquiles Córdova Morán | 24
enero de 2014
Tribuna Libre.- El
Estado de Derecho, dice Kelsen, puede visualizarse como una pirámide hecha de
leyes en que la cúspide es la Constitución general de dicho Estado, y los
niveles inferiores están constituidos por las leyes de segundo, tercero y más
órdenes, derivadas de la primera. En un Estado bien constituido, no existe
ninguna ley o reglamento que no nazca de la Constitución, ni puede existir
tampoco ningún mandato que la contradiga en su espíritu y/o en su letra. Tal
concepción parece lógicamente impecable si se la mira como se contempla desde
el exterior un edificio bien construido; sin embargo, si en lugar de
contemplarla estáticamente se piensa en su funcionamiento práctico, salta a la vista
una insuficiencia importante: ¿en qué se apoya tal pirámide? ¿Descansa sobre su
base o se halla suspendida por el vértice superior? Es decir, ¿la gobierna y
controla la población, o ese mismo Estado al que la Constitución norma y regula
en beneficio del primero? La cuestión tiene mucho sentido para el ciudadano
común y corriente, pues a todos nos parece que la pirámide funciona en una sola
dirección, de arriba hacia abajo, y nunca al revés. No hay quien no haya
conocido, en carne propia o a través de sus relaciones sociales y de los medios
informativos, ejemplos dolorosos en que la ley cae “con todo su peso” sobre los
huesos de los más débiles e indefensos, mientras que esa misma ley se vuelve
sorda ante los argumentos y ciega ante las pruebas fehacientes de los delitos
cometidos por los poderosos, funcionarios de alto nivel o incluso instituciones
integrantes del aparato de Gobierno. Sabemos todos cómo y quién tiene que
juzgar y castigar al simple mortal, pero nadie sabe qué hacer, qué decir o a
quién recurrir en busca de justicia cuando el delincuente es el Estado mismo.
El
Estado de Derecho unidireccional se sustenta en una ficción evidente: que los
encargados de juzgar y dictar sentencia a los demás mortales están más allá del
bien y del mal, es decir, que no padecen ninguna de las llamadas “debilidades
humanas” como los intereses materiales, opiniones e intereses políticos,
inclinaciones partidarias, juicios preconcebidos sobre las luchas sociales en
general y sobre las materias en las que tienen que juzgar, en particular;
ningún compromiso o atadura de grupo o de corriente política, etcétera. Por
tanto, no existe ningún riesgo de que puedan torcer la ley y emitir una
sentencia equivocada y, por tanto, tampoco hay necesidad de que, a su vez,
deban responder ante un poder superior al suyo. Todo esto es pura fantasía. En
los hechos ocurre todo lo contrario, y de aquí que la pirámide legal
unidireccional resulte asaz peligrosa para el ciudadano sin dinero, sin poder y
sin relaciones. Doy dos ejemplos de actualidad y del dominio público, lo cual
me ahorra el tener que dar mayores pruebas a los posibles lectores.
El
primero es el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de
Ixtapaluca, Estado de México, licenciada Maricela Serrano Hernández. A más de
cien días de cometido el infame delito, sin que se sepa absolutamente nada ni
de la víctima ni de sus verdugos, no hay ya lugar a la duda razonable sobre el
carácter político del crimen y, por tanto, tampoco sobre la participación
(cuando menos a nivel de protección, embozada pero efectiva) de algún o algunos
integrantes del aparato de Gobierno estatal. Así se explica que, a diferencia
de lo que ocurre en los casos en que la víctima y sus familiares tienen
recursos, fama y acceso a los medios, y el poder público se deshace en
condolencias, diligencias, recursos y promesas de pronta solución, en el de don Manuel Serrano no hay,
siquiera, una autoridad que se haya responsabilizado de la investigación,
no hay ningún compromiso para esclarecerlo, aunque sólo sea para cubrir las
apariencias. La autoridad simplemente se ha desentendido de su obligación de
administrar justicia y ha dejado a la familia la responsabilidad de “explicar”
las causas del secuestro e identificar a los probables responsables. Y peor
aún: como Maricela y sus compañeros antorchistas han salido dos o tres veces a
las calles de la capital mexiquense, Toluca, a exigir el regreso de don Manuel
sano y salvo, ahora todo el Comité estatal antorchista, incluidos la presidenta
muncipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano Hernández, el diputado federal Jesús
Tolentino Román, el alcalde de Chimalhuacán (ingeniero Telésforo García
Carreón), la ex presidenta del mismo municipio, Rosalba Pineda y el ex diputado
local Miguel Ángel Casique, están acusados y sometidos a proceso por “bloqueo
de avenidas” y “ataques a las vías de comunicación”. Así pues, los
secuestradores protegidos y las víctimas sujetas a proceso. ¡Y a esto se le
llama Estado de Derecho!
El
segundo caso está ocurriendo en San Luis Potosí (SLP). Allí, luego de que tras
una larga ordalía de trámites amañados, aplazamientos arbitrarios, extravío
intencional de documentos, etc., finalmente los obreros de la empresa conocida
como Proycal lograron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA)
aceptara la prueba del “recuento” ofrecida por ellos para probar qué sindicato
ostenta la mayoría, resulta que, en vísperas de la fecha del evento, esa misma
Junta revocó el acuerdo, canceló el recuento y ordenó archivar el expediente,
alegando que el sindicato demandado y el
patrón habían acordado “dar por terminado” el Contrato Colectivo materia del
juicio” por mutuo consentimiento. Con tal actuación, la JLCA comete, entre
otras, las siguientes violaciones flagrantes a la ley: 1°) atropello al mandato
legal que le prohíbe, como autoridad, revocar sus propias resoluciones o
desdecirse de lo previamente acordado; 2°) violación del derecho a la paridad
procesal, pues deja sin voz a una de las partes; y 3°) atropello arrogante al
mandato jurídico que le prohíbe sustraer de la litis el bien jurídico motivo de
la misma, en tanto dicho bien esté sub
judice, es decir, sujeto a juicio cuya sentencia definitiva no ha sido
emitida. Todo esto, y mucho más, han alegado los obreros y sus abogados por las
vías del derecho y también ante el gobernador de SLP y la opinión pública del
estado, sin que nadie hasta hoy se haya dignado darles, siquiera, una
explicación respetuosa. Se trata, pues, de un claro abuso de poder y de
prostitución del derecho laboral por quienes tienen el deber de respetarlo y
aplicarlo en sus términos, amparados en la absoluta falta de control de su
propio desempeño.
Todo
este lodazal, alentado por la sordera de los gobernantes, me hizo recordar el
episodio del halcón y el ruiseñor que relata Hesíodo en su obra Los trabajos y los días. Comparando al
poderoso con un halcón y a los pobres con un ruiseñor caído en sus garras,
Hesíodo hace este discurso que el halcón receta al ruiseñor mientras lo
transporta por el aire: “¿Por qué chillas, infeliz? ¡Si yo soy infinitamente
más fuerte que tú! Tendrás que ir donde te lleve, y de nada te servirá que seas
un hábil cantor. Y haré contigo lo que me plazca, te comeré o te dejaré en
libertad. Es un estúpido el que pretenda pelear con uno más fuerte. Quedará
vencido y sufrirá, además, con la vergüenza y los tormentos”. Pero el mismo
Hesíodo sostiene que, al final, triunfará la verdad: “Incluso ahora –dice– perseguida en todas partes, sigue
secretamente a los hombres y trae la
desgracia al que la combate”. Y Confucio, el gran pensador chino,
aconsejaba: “El poder debe utilizarse de manera que evite la indignación del
pueblo y contribuya a consolidar la autoridad del monarca. Cuando logres el
afecto del pueblo, lograrás también poder; pero si pierdes aquél, también
perderás éste”. Y agrega: “Cuando un soberano virtuoso domina los corazones,
domina también el país”. Y la Biblia
dice: “El que tenga oídos para oír, que oiga”.