Héctor Yunes Landa | 07 julio de 2015
Tribuna Libre.- Recientemente fue aprobado el nuevo
Reglamento de Tránsito para el Estado de Veracruz, el cual ha generado
descontento y frustración en algunos sectores de la población y propiciado que
diversos gremios se hayan pronunciado en contra.
Para algunos resulta intrascendente este
Reglamento ya que no incidirá para elevar la calidad en el servicio público y
disminuir los problemas de tráfico vehicular en las principales ciudades del
estado; por el contrario, consideran que al elevar las multas y castigos para
quienes violen la norma, agravará la extorsión de parte de los agentes de
tránsito, ante los altos niveles de corrupción percibidos por la ciudadanía, de
ahí que primero propongan mejorar el desempeño de los servidores públicos que
aplicarán este Reglamento.
La intención es buena, pero la forma y el
fondo no han quedado del todo claros a la opinión pública.
Entre lo novedoso del nuevo Reglamento
establece que los agentes viales podrán cobrar las infracciones inmediatamente
a través de una terminal bancaria, en aras de evitarle al infractor perder su
preciado tiempo, sin embargo, lo cierto es que faltarían concretarse varias
adecuaciones tecnológicas que existen por ejemplo, en el Distrito Federal,
donde, además de la terminal bancaria las unidades de tránsito traen
videocámaras que filman todo el proceso para seguridad del automovilista y del
propio agente de tránsito.
También es cierto que existen multas y
castigos justificados, como el conducir bajo el influjo de sustancias
prohibidas o ir conduciendo y a la vez utilizando el teléfono celular, ambas
afortunadamente aceptadas en la mayoría de los ciudadanos.
Por otra parte, algunas de las multas que
prevé este nuevo Reglamento son desproporcionadas al afectar gravemente a
sectores de la población con menores ingresos, como el circular en sentido
contrario (hay calles que carecen de la debida señalética) lo cual equivale a
una multa de hasta 80 salarios mínimos (artículo 333 del nuevo Reglamento) es
decir, unos $ 5,316 pesos, casi lo doble de lo que puede ganar un empleado en
un pequeño o mediano comercio, poniéndolo en estado de necesidad violentando
incluso sus derechos humanos.
Al respecto, la carga que se percibe es
solamente para los ciudadanos, debido a que el presente Reglamento no establece
cual es la responsabilidad, de la autoridad, cuando no exista la señalética
adecuada y/o visible para que los conductores y peatones conozcan con
seguridad el sentido de una calle, o bien, por la falta o descompostura de
semáforos peatonales en cruces peligrosos donde no es posible cruzar seguro en
horas pico.
Un "talón de Aquiles" del
Reglamento es que no resuelve la prevención de accidentes, pues quien tenga
suficientes recursos económicos para pagar las multas, elevadas o no, puede
transgredirlo y seguir circulando indefinidamente por la ciudad.
Hay voces expertas que sugieren que el
sistema debe cambiar, adecuarse y mejorarlo, de manera similar al sistema
que se aplica en varias ciudades europeas como Madrid, o de América como Buenos
Aires y Córdoba en Argentina, o al de países como Japón o Perú con su
Reglamento Nacional de Tránsito, en los que se otorga una licencia o carnet de
conducir con puntos, los cuales con cada infracción se van perdiendo y si el
conductor pierde todos los puntos se le retira la licencia por un tiempo
determinado o de por vida, poniendo a salvo a la sociedad de un conductor
reincidente que no respeta la reglamentación vigente, sobre todo a quienes
ocasionen accidentes por el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o
cualquier sustancia prohibida, siendo más severa la sanción al tratarse de
servidores públicos.
En lo que la gran mayoría coincidimos es en
la importancia de realizar una revisión estratégica del nuevo Reglamento de
Tránsito que permita solventar las deficiencias del actual sistema, incluyendo
el otorgamiento de licencias y permisos, y se incluyan los avances tecnológicos
existentes para incrementar la justicia administrativa y la prevención de
accidentes viales, a la par de que la sociedad asimile y aplique dichos
cambios, que son para su propio beneficio.
Los viejos sabios de la política mexicana
atinadamente decían que cuando el pueblo asegura que es de noche, aunque sea de
día, hay que prender las farolas.